La funcionaria había sido acusada públicamente por el intendente Néstor Di Pierro de “liberar presos por teléfono” y hasta dijo sentir “vergüenza” de la jueza en cuestión.

Tras el jury y la destitución, Suárez inició una demanda y el juez Civil, Gustavo Sanca, primero y la Cámara de Apelaciones, después, revocaron la medida. De esta manera se dio por tierra la acordada dictada por el Consejo de la Magistratura y quedó sin efecto el posterior enjuiciamiento con el que se la destituyó. La magistrado recibió el apoyo de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y por estas horas debe conocerse la resolución administrativa que habilita su reincorporación.

El recurso de amparo que oportunamente presentó la juez penal, Mariel Suárez, en la Justicia Civil fue tratado por el juez Gustavo Sanca en primera instancia y posteriormente en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, por el tribunal colegiado integrado por los camaristas Fernando Nahuelanca, Julio Antonio Alexandre y Nélida Susana Melero.

En ambas instancias le dieron la razón, por lo que debe reincorporarse a sus funciones. Para ello se aguarda una resolución administrativa que debería ser emitida en Rawson a más tardar mañana. En tanto que a nivel provincial queda una instancia recursiva antes de acudir a la Corte Suprema de la Nación.

Medida arbitraria

La acción de amparo fue contra el Consejo de la Magistratura y la Provincia de Chubut y en ella Suárez, con sus debidos fundamentos y pruebas, solicitó que se declare la arbitrariedad e ilegitimidad de la decisión del Consejo de la Magistratura de remitir al Tribunal de Enjuiciamiento el resultado de su evaluación de desempeño; la nulidad de lo actuado por el Tribunal de Enjuiciamiento del Chubut y la decisión adoptada por este por considerarse arbitraria e ilegítima.

Entre otras cosas, la juez penal pidió, como medida cautelar innovativa, que se deje sin efecto la suspensión que se dispuso por el Tribunal de Enjuiciamiento; que se la restituya al cargo y le sean abonadas en forma normal las remuneraciones dejadas de percibir por la suspensión, tras lo cual hizo reserva del caso federal.

Derecho a defensa

En su análisis, el juez Gustavo Sanca, que trató el amparo como subrogante del fallecido juez José Leonardh, en cuyo Juzgado se presentó inicialmente la acción, sostuvo que de la aplicación del artículo 52 de la Ley V N° 80 surge que “se han excedido del tiempo razonable para dictar una resolución, porque demoraron un año y dos meses, y luego de varias suspensiones y contradicciones, para llegar a una conclusión nefasta para la amparista”.

También destacó que “el Consejo de la Magistratura no probó haber cumplido con el procedimiento por ellos mismos regulado, como tampoco probó el no haber notificado los informes practicados a Suárez: uno satisfactorio y otro no satisfactorio, para que pueda ejercer su debida defensa, por lo que quedó demostrado que se optó por la vía más perjudicial a la amparista”.

Violación del debido proceso

Más adelante sostuvo que “debe primar el ejercicio del derecho de defensa de la juez penal -el cual fue cuestionado en el amparo-, pues en primer lugar está el cumplimiento de las Constituciones Nacional y Provincial y recién después el pensamiento o parecer de los consejeros asignados a la evaluación y el Consejo de la Magistratura”.

En consecuencia, afirmó que a su juicio “se violó el debido proceso legal y consecuentemente el derecho de defensa de la Dra. Suárez, porque no se cumplió con el requisito exigido en el artículo 14 del Reglamento Anual de Concursos de Antecedentes y Oposición y de Evaluación de Ingresantes al Poder Judicial (arts. 18, 19 y 75 inc. 22 C.N., 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, 44 C. Provincial).

En resumen, se declaró la nulidad de la acordada que el 24 de abril del año pasado dictó el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut y todos los actos llevados a cabo en su consecuencia, inclusive la suspensión y el juicio llevado por el Tribunal de Enjuiciamiento, porque lesiona los artículos: 18, 19, 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 44 Constitución Provincial, 1.043, 1.044 del Código Civil.

En otro de sus puntos, el magistrado le ordenó al Consejo de la Magistratura, “ajustar el trámite seguido contra la juez Penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Alejandra Suárez, al procedimiento reglado en los artículos 14 y 15 del Reglamento Anual de Concursos de Antecedentes y Oposición y de Evaluación de Ingresantes al Poder Judicial”.

Apoyo de Derechos Humanos

Tras tomar estado público la destitución de la juez penal Mariel Suárez, desde la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos le manifestaron el total apoyo y solidaridad “frente al injusto fallo del tribunal de enjuiciamiento” y se agregó que “los argumentos resultan inconsistentes y arbitrarios, la sociedad debe sentirse protegida con jueces que, como Ud., no se sienten obligados a seguir la jurisprudencia de ningún tribunal superior, ya que no existe en el país, como en otros, tribunal constitucional que torna obligatorios algunos fallos”.

Di Pierro: “da vergüenza tener jueces como estos”

Poco antes de la destitución de la magistrada, el intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro había realizado severas acusaciones públicas que merecieron una intimación por parte de Suárez. El jefe comunal dijo entonces que había que apelar a la Justicia, cuestionando particularmente a Suárez, quien “ya tiene antecedentes de liberar presos por teléfono, no sé si desde alguna playa de acá de Comodoro o vacacionando; le pedimos un allanamiento de un laboratorio clandestino hace 15 días y lo denegó”.

En otro tramo de las declaraciones, el intendente agregó: “la verdad es que da vergüenza tener jueces como estos. A los comodorenses nos da vergüenza tener jueces como esta señora y resulta que después son los opinólogos y los que critican. Que se deje de liberar, vaya al lugar del hecho y se ponga a trabajar. A lo mejor se mandaba a hacer los lentes ella en ese laboratorio por eso no nos dio el allanamiento”.

Con todo, ahora, Suárez retomará sus funciones en los próximos días tras revocarse la destitución que llevó adelante el Consejo de la Magistratura.