La polémica privatización eléctrica estuvo signada por irregularidades que el Frente Cívico aceptó por acción u omisión.
A partir de la privatización de la distribución de la energía eléctrica de Catamarca, que quedó en manos de la firma EDECAT, perteneciente al grupo Taselli (ampliamente conocido en el país por las gravísimas denuncias en su contra por su actuación en Altos Hornos de Zapla, Río Rurbio, Edefor, y otros emprendimientos que terminaron con el vaciamiento de las empresas y el consiguiente enriquecimiento de los empresarios y gobiernos de turno), se fueron dando situaciones y circunstancias enmarcadas dentro de esa conducta empresarial.
De tal manera, el servicio fue deficitario, no se renovaron las instalaciones, se desmanteló la empresa, se tercerizaron los servicios de personal (utilizando la figura de la empresa del grupo nominada “Poliservicios SA.”) y, en forma permanente, se cuestionó el cuadro tarifario, reclamando al gobierno el aumento de las tarifas y justificando de esta manera la inexistencia de inversiones.
Se produjeron, asimismo, disputas judiciales y societarias entre los miembros del grupo empresario que llevaron al cambio de directorio y manejo de la empresa.
Las denuncias por manejos irregulares de las acciones en poder de la firma controlante (IATE. SA.) no fueron atendidas por el gobierno provincial, que en forma permanente actuó por acción u omisión en beneficio de la concesionaria.
Se llevaron adelante innumerables causas comerciales, civiles, penales, incluso algunas fraguadas para endeudar a la empresa a favor de otras que eran parte del grupo empresario.
Las multas por incumplimiento del servicio, dispuestas por el ENRE, son millonarias, jamás fueron pagadas y se llegó a quedar sin servicio casi la mitad de la población de Catamarca en el curso de 2008.
Esa situación fue la que disparó la intervención de la empresa por parte de la administración de Eduardo Brizuela del Moral, a través de la ejecución de las acciones clase A, propiedad de IATE S.A., prendadas en garantía, tanto para justificar su inacción y complicidad, como para tomar el control de la empresa, designando los directores que le correspondían a tales acciones.
El servicio siguió siendo absolutamente deficitario y la empresa jamás cumplió con sus obligaciones de prestarlo acorde a los estándares mínimos fijados por las normativas en materia eléctrica, y el control estatal sólo tuvo como resultado la apropiación de una importante caja de dinero en efectivo por la recaudación mensual del servicio.
Recientemente, se conoció un episodio de retención de aportes previsionales que fue revelador de la gravedad de las conductas desplegadas, tanto por el grupo Taselli, como por la gestión del FCyS.
Esta maniobra, denunciada por la actual conducción de la EC SAPEM, fue producto de la retención indebida de los aportes previsionales de los trabajadores y la falta de pago de las contribuciones patronales durante más de cinco años, lo que llevó a la iniciación de acciones judiciales por parte de la AFIP, por una suma superior a los 10 millones de pesos.
Estas deudas fueron generadas por los Taselli hasta 2008 y por los administradores designados por el FCyS a partir de la intervención de la empresa. La gobernadora Corpacci ordenó hacerse cargo de esa deuda para no hacer peligrar las jubilaciones, mientras se dirime el tema en la Justicia.
Las cuentas suizas
La semana pasada, a partir de publicaciones nacionales, se conoció que la justicia suiza investiga a Sergio Taselli por depósitos que alcanzan los 30 millones de dólares, lo que le valió una causa penal por lavado. En esa pesquisa detectaron fondos vinculados a EDECAT. Uno de los depósitos es por 7,4 millones de dólares desde una cuenta del ABN AMRO BANK, otros dos de 10 y 8,6 desde el Royal Bank de Canadá, y, finalmente, otro depósito de 3 millones de dólares en diferentes bancos suizos.
Todos los depósitos detectados, y que levantaron las sospechas suizas, fueron hechos entre agosto de 2003 y abril de 2009, y corresponden a reembolsos de préstamos.
Esos fondos serían producto del vaciamiento de EDECAT a través de distintas maniobras, que también son objeto de investigación en la justicia catamarqueña.

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