Durante la mañana y la tarde de ayer, se llevaron a cabo en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela las Primeras Jornadas Rafaelinas de Derecho Público, basadas en "Cuestiones de la Responsabilidad del Estado".

La apertura estuvo a cargo del Dr. Carlos Cordero, titular del Colegio de Abogados de la V Circunscripción; de Lisandro Mársico, como director del Instituto de Derecho Público del CAR; y el profesor Edgardo Allochis, director de la UCSE Departamento Académico Rafaela.

La primera disertación estuvo a cargo del fiscal general de la provincia, Jorge Barraguirre, que trató sobre la "Responsabilidad del Estado en el ámbito internacional".

Fue en todo el desarrollo de esta capacitación que las diversas miradas sobre los aspectos fundamentales de los alcances del Estado en los temas más salientes.

Llegado desde Buenos Aires, el profesor Pablo Perrino trató sobre la "Responsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio".

Este especialista, en diálogo con este Diario, detalló que además de brindar un panorama sobre las características del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado Argentino, con especial énfasis en una de las motivaciones que es la falta de servicio, remarcada cuando "la administración desarrolla una actividad irregular, defectuosa, ya sea porque obra mal, cuando dicta un reglamento o directamente cuando no obra, no controla, no fiscaliza, no brinda una prestación a la que está obligado". Es este tema algo muy actual y a la vez sensible, ya que pone en juego los deberes del Estado en cuanto a controles y fiscalizaciones. Se relaciona entonces a la jurisprudencia nacional, el papel de la Corte, que advierte que "hay que ser muy cuidadoso, porque si se condena al Estado ante los reclamos de cualquier ciudadano, al ser muy amplio se puede transformar al Estado en un gran asegurador universal y esto es muy peligroso, máxime en momentos donde los presupuestos públicos están muy acotados. Lo que la Corte dice en los casos en los que el deber del Estado se debe cumplir, a través de un reglamento o una norma, debe ser concreto y específico, si no se hizo hay irresponsabilidad y es fácil determinarlo con un juez. El problema es cuando no se establece tan claramente el deber y se lo determina de una manera muy genérica y se supone la responsabilidad del Estado". Perrino dispone entonces dar lugar a una evaluación de circunstancias personales, materiales, como de tiempo, modo y lugar, porque en estos casos la responsabilidad no resulta automática, sino que hay que demostrar que hubo una omisión ilegítima. "Una forma de valorar una inacción del Estado, de la Nación, la Provincia o el Municipio, fue correcta o incorrecta, resulta del test de la razonabilidad, a modo de ponderación casuístico de la labor del Estado". El equilibrio preciso para la evaluación de la responsabilidad estatal, se tiene que dar entre el poder público y los ciudadanos, por lo tanto en estos casos de no tanta claridad "la llave la tienen los jueces y por eso necesitamos que sean idóneos, honestos, imparciales y que a la hora de valorar sean prudentes y justos, si eso falla estamos en un problema, si eso funciona estaríamos en un marco de gran calidad institucional y un sistema adecuado que proteja a todos los intereses en juego".

FUNDAMENTALES

Consultado sobre la importancia de este tipo de capacitaciones, que en Rafaela se presentan de manera constante y variada en la temática, Pablo Perrino indicó que "esta clase de jornadas son fundamentales, para todas las patas del sistema, porque es esencial capacitar a los funcionarios públicos de todos los niveles y también a los abogados. Es muy necesaria esta modalidad por la mejora en la calidad institucional, para promover la labor de funcionarios honestos y sanos desde el punto de vista de la moral, sino también idóneos, que es algo que nace de la capacitación, que se basa en este tipo de encuentros". Completando el criterio de Perrino, es esencial recordar que la constante renovación de normas y parámetros que van rigiendo la tarea de los profesionales ligados al Poder Judicial, exige actualizarse respecto a reglas y también las interpretaciones de los jueces, para tener la perspectiva acertada de los intereses que hacen tanto a la comunidad, como a los privados.