Muchos temas; demasiados como para pretender retomarlos sin el riesgo de omitir alguno de los precisos detalles de la tarea periodística en este año.

Preferimos entonces abordar uno que por su impacto social puede resumir muchos de los problemas que se advierten en el Estado; la responsabilidad de los funcionarios, los tiempos de respuesta para la solución y, sobre todo, la ausencia de planes preventivos. Se actúa sobre la contingencia y cuando el problema ya no puede ser disimulado ni escondido detrás de las cortinas del argumento oficialista.

Un reclamo salarial desnudó esta semana una cuestión social de fondo, oculta desde la conformidad de las estructuras que dicen ocuparse de los más vulnerables. La situación en el Hogar Divino Niño, donde 19 chicos con severas lesiones neurológicas pasan sus días sin más expectativas que la asistencia, fue el tema dominante.

Sin las condiciones sanitarias y sin los elementos para su rehabilitación, los profesionales a cargo de los niños salieron a la calle para dar a conocer la situación. Ante la falta de férulas para su correcta posición en las sillas de ruedas, los chicos eran atados con trapos y toallas; algunos con enfermedades contagiosas compartían espacios y elementos con el resto; el personal técnico debía intercambiar prendas ante la falta de camisolines para atender a los menores; no había elementos de higiene y las cucarachas habían invadido los espacios. Sólo algunas de las tantas irregularidades que el informe periodístico desnudó con crudeza.

Sin siquiera poder entenderlo, los niños, judicializados en su mayoría, guardan historias de tragedias inimaginables: abandono, abusos y terribles enfermedades que los dejaron en la más completa soledad.

Sin posibilidades de reinserción y muy pocas de ser adoptados por una familia, la asistencia del Estado se torna insustituible en estos casos.

Es necesario conocer en profundidad la realidad de estos niños para abordar un tema tan doloroso y tan real. Los chicos ingresan a la categoría de judicializados cuando desde la Defensoría, una de las áreas del Ministerio Público, se dispara el alerta mediante denuncias o una actuación de oficio. Los asesores de menores concurren al lugar, evalúan el grupo de riesgo y elaboran un informe ambiental. Hay chicos que por su profunda discapacidad son abandonados por su familia en la vía pública o sufren un trato inhumano en la casa.

Los asesores piden entonces una medida de protección de persona al juez de menores, quien es en definitiva el que ordena su internación en un hogar. Pero la tarea no termina allí, ya que el mecanismo judicial establece que debe existir un seguimiento posterior de los servicios sociales para evaluar si se ha superado la situación de vulnerabilidad o si es necesaria la internación permanente de los pequeños.

Ahí parece radicar el origen del problema en el caso del Hogar Divino Niño; el punto donde se cruzan responsabilidades en las estructuras del Estado que se jactan permanentemente de la defensa de los derechos humanos.

Cuando el escándalo llegó a la opinión pública, la ministra del área, Marianela Cansino salió a los medios. Confirmó que este año, Fu.A.P.N.E. (Fundación de Apoyo para Personas con Necesidades Especiales) recibió por hacerse cargo del hogar un aumento del 40% en el subsidio que le provee la provincia. Dijo que estarían cobrando aproximadamente $110 mil mensuales, para sostener el servicio, hacerse cargo de los salarios del personal y todo lo relacionado al mantenimiento del edificio e insumos. Como siempre, la respuesta sonó más a justificación provisoria que a un argumento convincente.

Luego, Sandra Díaz, la directora de la institución admitió que el personal estaba molesto con "justa razón" y confió en poder subirle el sueldo a los 35 trabajadores del lugar. Allí aparece otra cuestión donde el Estado se enreda en su propia telaraña. Destina fondos, pero el 80% de ellos va orientado al pago de personal. Es obvio pensar que poco y nada se puede hacer con el 20% restante para mejorar las condiciones de vida de los niños.

Aunque la administración del Hogar está tercerizada, este razonamiento administrativo surge desde la propia base del manejo de Estado y se repite en los distintos niveles de la gestión.

Los fondos públicos, con poca presencia en los planes de inversión, se orientan a los salarios y descuidan lo concreto de la acción social.

Caen entonces las frases armadas como la de "dar hasta que duela" o la de "una provincia con más inclusión" y se deja en evidencia que arbitraria e inexplicablemente el Estado delega aspectos que le son de exclusiva incumbencia, entre ellos la atención directa de los sectores más vulnerables.

Es, en definitiva, la realidad que va demoliendo la retórica permanente del derecho humano.

La articulación no articula y la inclusión no incluye tal como se la imaginan muchos funcionarios provinciales.