Un fallo judicial confirmó ayer la continuidad de la construcción de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, pero ordenó que antes de la puesta en funcionamiento se realice un estudio de impacto ambiental.

Los amparistas apelarán la sentencia. En tanto, los vecinos y organizaciones que mantienen hace más de 20 días un bloqueo a la planta afirmaron que mantendrán la medida hasta que se realice una consulta popular.

La acción de amparo fue presentada por vecinos de Malvinas Argentinas y la Fundación Club de Derecho en septiembre del año pasado, en contra de la Municipalidad de Malvinas Argentinas. Acusan al municipio de haber autorizado la construcción de la procesadora de semillas a través de una ordenanza sin haber realizado una evaluación de impacto ambiental ni una audiencia pública previas, tal como lo establece la Ley General del Ambiente.

Para la jueza Graciela Escudero de Fernández, quien dictó sentencia el lunes, no corresponde aplicar la Ley General de Ambiente para esta etapa de obra civil. “El estudio de impacto ambiental no se impone como requisito previo. Por el contrario, es de obligado cumplimiento para el inicio de su faz operativa”, dice la magistrada en el fallo. De la misma manera había fallado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en abril pasado, cuando levantó la medida cautelar dictada por la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo, que había ordenado detener la construcción.

A través de un comunicado, Monsanto remarcó la importancia del fallo, reiteró que está a disposición de las autoridades para la realización de una audiencia pública y reclamó la restauración de sus derechos para reanudar el plan de obras. “La prolongación del bloqueo de los ingresos a la planta pone en riesgo la situación laboral de 200 trabajadores que se encuentran afectados por estas acciones, viendo vulnerado su derecho a trabajar, como así también afecta la continuidad de la obra civil que contempla en su totalidad la generación de 400 puestos de trabajo.

Este diario pudo acceder al dictamen que el Ministerio Público Fiscal hizo sobre el caso el viernes pasado y que fue enviado a la jueza Escudero para luego dictar sentencia el lunes. En él, al comienzo, la fiscal Alicia García de Solavagione aclara que “deja a salvo su criterio y posición personal en contrario”, y luego expone los argumentos a favor de la validez de la ordenanza con el mismo criterio que el TSJ.

Consultada acerca de su posición, la fiscal dijo: “Considero que la ordenanza es nula porque no tiene en cuenta la ley nacional”, y explicó que es un error considerar un proyecto de este tipo por etapas al aplicar la legislación ambiental.

Pero por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, según explicó, la fiscal no puede dictaminar en contra del criterio de la Fiscalía General.