Para los integrantes de Avatar, las afirmaciones del Consorcio son “confusas” y ratificaron que los trabajos en el lugar generaron un severo daño ambiental en el sector. “Un agrimensor, por más reconocido y eficiente que sea, no está capacitado para evaluar cuánto puede afectar al medioambiente una obra como la que está realizando el Club; su actividad lo califica para medir el lugar y decir qué superficie ocupa”, argumentaron.

Además, señalaron que la construcción “se mantiene dentro del terreno otorgado por la ley 14.193 y por la ampliación otorgada en tenencia precaria por el Consorcio Regional Portuario” y que, esa superficie ampliada “era parte de la Reserva”. “Esa zona fue aparentemente usurpada y alambrada por el Club y ningún organismo gubernamental parece haberlo tenido en cuenta”, advirtieron.

A su vez, también hicieron hincapié en que, pese a que la ley provincial 11.723 establece que “todas las obras deberían pasar por un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental antes de comenzar”, el club Aldosivi “nunca lo presentó” y tampoco “le fueron aprobadas las obras por ningún organismo gubernamental ni provincial, ni municipal”.

Inclusive, aseveraron que, “según la información que el Consorcio Portuario se vio obligado a entregar a los vecinos al haber perdido el amparo por acceso a la información ambiental, el Club no posee ningún tipo de habilitación para las obras que está llevando adelante desde agosto de 2010”.

Por último, los vecinos autoconvocados mencionaron que si bien la Defensoría del Pueblo provincial “recomendó al OPDS, al Municipio y al Consorcio, solicitar al Club Aldosivi el Estudio de Impacto Ambiental y detener las obras”, hasta el momento, “ninguna de esas recomendaciones fueron cumplidas”.