Lo extraño del caso es que la ley provincial 11.723 establece que esa declaración se obtiene recién al finalizar el proceso de evaluación de impacto ambiental, que incluye, entre otras cosas, que se le de espacio a las observaciones u objeciones que pudieran realizar los vecinos y el llamado a una audiencia pública para debatir la cuestión.

La noticia significó un durísimo golpe para los integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Trabajando en Acciones por la Reserva (Avatar), que desde hace 32 meses exigen que se cumplan los requisitos necesarios para realizar una obra de esa envergadura sobre parte del predio que le corresponde a un ecosistema interurbano en el que viven cientos de especies de aves y plantas. "Existen antecedentes jurídicos de procesos de estudios de impacto ambiental declarados nulos por omitir la audiencia pública", advirtieron desde el sector.

Por su parte, la arquitecta Silvana Coronel, miembro de Avatar, reconoció sentir "mucha impotencia" y lamentó haber "llegado tarde" para impedir que Aldosivi avanzara en el desmonte de un bosque y el relleno de una hectárea de la laguna de la Reserva.

Para la ambientalista, el proceso llevado a cabo por el Opds "no fue el correcto" debido a que "se omitieron pasos fundamentales, ordenados por ley". "Esa es la impunidad con la que se mueve (el presidente de Aldosivi, José) Moscuzza y el capital que representa", aseveró en diálogo con 0223.

En relación a las medidas que tomarán ante la decisión, Coronel confirmó que demandarán al organismo provincial "por haber entregado un permiso sin haber cumplido con el proceso correspondiente". "Un juicio por daño ambiental puede durar hasta diez años, pero no podemos permitir que la Reserva desaparezca de esta manera", finalizó.