Esa medida le posibilitó contratar de manera directa a las empresas bahienses que se harán cargo de finalizar las obras que estaban a cargo de la UTE conformada por Proa y Karpa hasta el momento de los incidentes.

Ahora, la idea de la comuna es que el Concejo Deliberante convalide esa declaración. Por tal motivo, esta mañana se llevó a cabo una reunión entre funcionarios comunales (estaban el secretario de Economía, Miguel Diez, y el subsecretario de Obras Públicas, Rubén Lascano, entre otros) y concejales de todos los bloques.

Durante el encuentro, desde la oposición volvieron a reclamar una serie de documentos que no estarían incluidos en el expediente que elaboró la Municipalidad. Entre ellos, faltaría nada más y nada menos que la rescisión del contrato con la empresa que se encontraba al frente de las tareas hasta que se produjo la usurpación.

Tampoco existiría una justificación documentada para la declaración de la emergencia.

“La idea del oficialismo era tratar el tema durante la sesión de este jueves, pero así como está documentado va a ser imposible; deben emprolijar la información y agregar la documentación que falta”, indicó uno de los ediles que concurrió el encuentro a nuestro diario digital.