IATE SA, de los hermanos Sergio y Alberto Taselli, presentó una demanda de 150 millones de pesos contra la Provincia por supuestos daños y perjuicios que les habría ocasionado la decisión del exgobernador de la provincia Eduardo Brizuela del Moral de intervenir y posteriormente rescindir el contrato de la concesión de la empresa de energía Edecat SA. En los próximos días, la Justicia correrá el traslado a Fiscalía de Estado, para que ejerza la defensa de los intereses de la Provincia.

El servicio de energía fue privatizado en 1996 por el gobierno de Arnoldo Castillo. Ante los graves problemas en la prestación de servicio, y la falta evidente de inversión por parte de los concesionarios, 14 años después, el exgobernador Eduardo Brizuela del Moral la intervino mediante el decreto acuerdo que determinaba un plazo de 120 días para la ejecución de la garantía, lo que implicó la intervención forzada sobre ese 51% de las acciones clase “A”.

En la ocasión, se nombró un directorio conformado por Sergio Díaz, Pablo Gaffet, Oscar Andreatta y Horacio Ludueña, quien pasó a controlar la administración de Edecat SA.

Sin embargo, en el 2011 la Provincia sufrió un revés judicial que consideró erróneo que se haya elegido la vía judicial y no administrativa para la ejecución de las acciones, lo que abrió las puertas a un millonario reclamo de IATE.

Rescisión

En el 2011, a los pocos días de dejar el gobierno, Brizuela del Moral emite el decreto acuerdo 2170, de fecha 5 de diciembre, por el que se rescindió el contrato de concesión, bajo el argumento “por culpa exclusiva” de la concesionaria EDECAT.

En ese marco creó, en la órbita del ministerio de Obras y Servicios Públicos, una Unidad Ejecutora de Gestión que se hizo cargo de la prestación del servicio hasta que el gobierno de Lucía Corpacci sea quien determine los pasos a seguir sobre la realidad del servicio energético en Catamarca.

“En la empresa había una especie de vaciamiento. Hubo un momento de colapso. No había autoridad, y se producían apagones por todos lados. Con la buena voluntad del personal técnico, y con el auxilio de la Provincia, se buscó subsanar los problema y no quedó más remedio que intervenir esas acciones y hacernos cargo de una empresa deficitaria y seguir aportando con la obras”, fueron las palabras del exgobernador, cuando tomó la decisión de la rescisión del contrato, y agregaba que buscaba “poner las cosas en orden y seguir adelante”, para que sea la nueva gestión la que decida si crea una SAPEM.

La primera medida tomada por la gobernadora Lucía Corpacci fue remitir a la Legislatura Provincial, para que en el período extraordinario se apruebe la creación de la empresa “Energía de Catamarca Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria” (EC SAPEM). Es así que la distribución de energía en la provincia volvió a ser controlada por el Estado, como lo hizo hasta el año ‘94, a través de la Dirección de Energía Catamarca (DECA). Sin embargo, la nueva administración provincial afronta hoy causas millonarias por las malas decisiones tomadas en torno en la privatización del servicio.