El operativo de fiscalización estuvo a cargo de Lucas Martínez, jefe de la Unidad Territorial Tres Arroyos del RENATEA, en conjunto con la AFIP de Bahía Blanca. La fiscalización derivó en una denuncia penal por parte de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, por la presunción del delito de trata de personas, dando intervención a la Policía Federal.

El procedimiento del Registro de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) surgió de una denuncia anónima que llegó a la oficina del organismo en Tres Arroyos, sobre un posible caso de violación de los derechos laborales en un campo de papas semillas ubicado en el distrito de Coronel Suárez.

A partir de la denuncia se puso en marcha un operativo de fiscalización, solicitando la colaboración de la AFIP de la ciudad de Bahía Blanca. A pesar de los escasos datos de la denuncia anónima, el pasado viernes se logró ubicar el establecimiento en el partido de Coronel Suárez, iniciando la fiscalización y el relevamiento de los trabajadores allí presentes.

Se detectaron 10 trabajadores oriundos de la provincia de Santiago del Estero, los cuales se encontraban en el establecimiento cosechando papas en condiciones deplorables, en un campamento improvisado en un monte cercano a la plantación, construido con chapas y restos de silo bolsa, sin contar con ningún tipo de baño, ni cocina, ni electricidad. Careciendo de elementos básicos de higiene personal, sin calefacción, ni agua potable, evidenciando el riesgo sanitario.

Durante el relevamiento, los trabajadores manifestaron que fueron contactados en su localidad de origen para realizar la cosecha de la papa y que su traslado hasta el establecimiento bonaerense fue pagado por el empleador para luego ser descontado de sus salarios. Este mismo mecanismo de descuento estaba previsto para la comida. El sistema de descuentos colocaba a los trabajadores en un endeudamiento con su empleador que tendría que ser saldado al finalizar el trabajo, imposibilitando a cualquiera de ellos de retirarse del campo a los pocos días de haber empezado el trabajo.

En este contexto laboral, los trabajadores aseguraron desconocer cuánto cobrarían por su trabajo, manteniendo esta incertidumbre hasta acordar con el empleador un precio luego de algunos días trabajados.

Ante esta situación de presunción del delito de trata de personas se originó la denuncia penal de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, que dio intervención a la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo del doctor Antonio Castaño, quien requirió libramiento de órdenes de allanamiento y detención, que fueron dispuestos por el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de la doctora Graciela Marrón.

Una vez finalizado el allanamiento por parte de la Policía Federal, por orden del juzgado, los trabajadores fueron trasladados a la ciudad de Bahía Blanca, donde se les tomó declaración y se les garantizó la contención necesaria, incluyendo un chequeo médico en el Hospital Penna.