Si bien Mazzone considera que es importante debatir para mejorar el acceso del pueblo a la justicia explicó que “el tratamiento propuesto por el Gobierno descarta los amplios consensos necesarios para introducir mejoras congruentes con el espíritu republicano y representativo de nuestra Constitución” y reiteró que la iniciativa “pretende esconder un objetivo clarísimo, que es la subordinación definitiva del Poder Judicial a los intereses del Kirchnerismo”.

Desde los comienzos de la democracia, la justicia se constituyó en un contra peso entre el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y debe asumir la responsabilidad de controlar que las leyes que se sancionan, no sean contrarias a la Constitución Nacional. Para la legisladora “la idea central del conjunto de medidas propuestas por la Presidenta de la Nación, consiste en un cambio rotundo de este paradigma del Poder Judicial”.

En el mismo sentido, la representante parlamentaria aseguró que “el contenido del proyecto en cuestión entra en colisión directa con lo establecido por la Carta Magna, en particular para el afianzamiento de los derechos de los más desprotegidos”.

Mazzone considera que “la propuesta de elección popular de los jueces como candidatos al Consejo de la Magistratura, contradice la prohibición de participación política de magistrados contenida en las leyes de Partidos Políticos y de Internas Abiertas y Simultáneas, ésta última recientemente sancionada, vulnerando en esto también los cimientos mismos de la democracia”.

"Como abogada y Diputada en ejercicio estoy en contra de todas las modificaciones, porque si finalmente esto se aprueba estaríamos frente al fin de la República, consagrando la impunidad y garantizando el vaciamiento del país, el saqueo de los recursos del estado y una corrupción sin precedentes” sentenció la representante legislativa de Salta.

Fnalmente, Mazzone repudió lo que considera “una muestra más del totalitarismo Kirchnerista” y consideró que “con este proyecto de ley lo que busca el Poder Ejecutivo es facilitar la manipulación de los magistrados y su remoción en caso de que sus decisiones sean contrarias a los intereses del Gobierno Nacional, pretendiendo utilizar a los legisladores para domesticar al Poder Judicial, de la misma manera que ya lo ha hecho con otros sectores de la vida política, económica y social del país”.