En los últimos días Funcionarios Públicos, Dirigentes Deportivos y familiares de estos han sufrido los hechos de inseguridad y de violencia.

La crisis parece no tener fin y más allá de la particular visión que cada uno de nosotros tengamos, de las propuestas y de las legítimas críticas que realicemos, o se las expresamos al gobierno; creemos que también es necesario que repudiemos esas acciones que degradan a la comunidad y que jaquean miserablemente a la vida en sociedad.

Frente a quienes no respetan las normas de convivencia, ni los canales institucionales para expresar sus opiniones la respuesta debe ser clara y contundente: No compartimos, ni respetamos la violencia como forma de expresión. Frente a la inseguridad no hay diferencia entre funcionarios y quienes no lo son. Todos somos ciudadanos.

Son tiempos de mesura y cautela, y eso no quiere decir silencio, jamás avalaríamos una mordaza a la legítima expresión que todos tienen derecho a realizar, pero si creemos que hay que ser razonables en las expresiones, respetando siempre a los demás.

Hay que garantizar el derecho a peticionar, pero tal derecho debe ir acompañado de la obligación de respetar los canales, las formas y los modos para hacerlo.

La violencia social muestra sus caras más miserables, no sólo se ataca a la dirigencia sino que sin escrúpulos se ataca cobardemente a la familia.

El tiempo y la hora reclaman además una acción más decidida por parte del Estado. Frente a denuncias formuladas que de algún modo anticipaban los hechos creemos que se debería actuar con más eficacia.

Es hora de dejar en claro que desde la política y desde la participación no vamos a dejar que pasen desapercibidos hechos como este, razón por la cual le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.