Con el conflicto en la Caja Popular de Ahorros como telón de fondo, el Gobierno iniciará otra semana de trabajo con la ausencia del gobernador, José Alperovich. El mandatario partió hace 15 días a Buenos Aires para acompañar a su madre a una cirugía, y desde entonces quedó a cargo del Poder Ejecutivo el presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado.

Nadie, oficialmente, confirmó cuándo retomará sus funciones el mandatario. Anoche, algunos colaboradores especulaban conque Alperovich regresaría esta tarde o noche a la provincia, para reasumir mañana ya al frente del Poder Ejecutivo local.

Uno de los temas que ocupará buena parte de la agenda pública esta semana serán los coletazos de los incidentes entre dirigentes del gremio bancario en la Caja Popular, el martes pasado, que terminaron con una represión policial y un saldo de 22 heridos. En el oficialismo genera preocupación el impacto que pueda tener la marcha que el jueves realizará la Asociación Bancaria en la plaza Independencia. Arribarán delegaciones gremiales de todo el país para reclamar la renuncia del interventor de la Caja, Armando Cortalezzi, y repudiar el accionar de la Policía.

La ola de cuestionamientos a la represión, además, se instalará en el Senado de la Nación. Allí, la radical Silvia Elías de Pérez presentó un proyecto de declaración. “Es alarmante la situación en nuestra provincia, donde se ordena reprimir con balas de goma y a golpes a trabajadores que ejercen un derecho constitucional. Ni el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, ni el jefe de Policía, Dante Bustamante, asumieron la responsabilidad por las personas que fueron atacadas y heridas. Por el contrario, minimizaron los hechos de manera vergonzante”, advirtió la opositora en el texto enviado al Congreso.

El diputado Luis Sacca y el legislador provincial Fernando Valdez, ambos de La Pisarello, también sumaron su voz de reclamo por la actuación policial. En igual sentido se pronunciaron el Partido Obrero y el Movimiento Libres del Sur, entre otros espacios opositores.

El conflicto entre la Bancaria y el Gobierno estalló en septiembre de 2012, cuando el Poder Ejecutivo tomó $ 172 millones de los fondos de garantía de la Caja Popular, a cambio de Letras del Tesoro. En 2013, el pleito se agravó tras la cesantía de 36 trabajadores vinculados al gremio opositor al Ejecutivo.