Desde la Defensoría del Pueblo, su titular José Leonardo Gialluca, consideró como “evidente que, como en toda protesta violenta y el piquete lo es, porque todo corte de ruta lleva implícito el uso de la fuerza para sostenerlo, hay quienes se acercan con la mejor buena predisposición para abrir canales de diálogo, y otros que simplemente van a decirles que se queden ahí hasta que ellos quieran y es más, que están haciendo bien al permanecer allí”.

Mencionó entre los bien intencionados al “Obispo Diocesano, monseñor José Vicente Conejero y muchos otros funcionarios, municipales, provinciales e incluso nacionales, como lo es el Jefe de Gendarmería, los cuales nos acercamos con la mejor voluntad de que el conflicto se agote y llegue a una solución pacífica, que contemple los intereses de los manifestantes, pero que a su vez tenga la legitimidad del reclamo planteado y abordado dentro del marco de lo que jurídicamente corresponde”.

Aquí expuso que “la Constitución y las Leyes de la Nación, no son un adorno y las mismas dicen que cualquier habitante puede peticionar a sus autoridades pero, en la manera de expresar tal petición, debe ajustarse dentro de los límites que le impone el estado de derecho”. “Vemos que al lugar del corte se han acercado referentes de distintos sectores sociales y políticos del medio, en el cual nos conocemos todos todavía y son las mismas personas presentes las que nos dicen que hay algunos que le plantean la posibilidad de una negociación o cuanto menos la necesidad de un planteo formal de sus requisitorias y hay otros que simplemente van a decirles que se queden ahí hasta que ellos quieran y es más, que están haciendo bien al permanecer allí”, afirmó.

El Defensor se interrogó: “¿será que esta gente va a acompañar a los aborígenes, asumiendo también la calidad de imputados en el delito federal que se investiga por el corte de una ruta nacional?”, respondiéndose: “francamente no lo creo”.

Consideró de “extrema perversidad, virtualmente utilizar al aborigen para pretender desestabilizar a los poderes instituidos. A nosotros nos plantean que los representantes de los pueblos originarios no son los que elige cada nucleamiento aborigen y entonces queremos saber ¿ quienes sino ellos son los representantes naturales de los indígenas?”. “Yo, la verdad, -expresó Gialluca-, no entiendo mucho de política, pero me parece que una mala política es la de incitar a las personas a infringir las leyes, esto esperemos que se investigue en la justicia. La Defensoría del Pueblo, acompaña todo reclamo que se haga por parte de cualquier sector que crea vulnerados sus derechos colectivos o intereses difusos y en todos los casos, este del corte de la ruta 11 no es la excepción, hemos puestos a disposición de las personas el organismo, para que efectúen su petición concreta sea general o individual y nos hemos comprometido a trasladarla, pero el hecho de que tal cosa no se haya materializado hasta el momento, por falta total de predisposición de quienes, siendo ajenos a Namqom, plantean peticiones abstractas, de imposible cumplimiento, nos da la pauta de que es evidente que hay alguien detrás del piquete a quienes, lo que menos les interesa es el derecho del aborigen, nos gustaría que se muestren o cuanto menos que sean desenmascarados”.

Concluyó dejando en claro que “la Defensoría acompaña cualquier reclamo que se denuncie dentro del marco del derecho, y con relación al piquete no es ningún secreto que lo consideramos un delito, más allá de la sustancia de lo que se exija con el mismo, que puede llegar a ser valedero, pero en el caso de Namqom hasta ahora, ni siquiera nos lo dan a conocer”.