Aseguran que es ilegal que cobren el “permiso de evento” en las fiestas públicas, privadas, religiosas y espectáculos.
La Administradora de Autores, Intérpretes, Compositores y Productores (Adaicop) ha iniciado una lucha en los estrados judiciales para el reconocimiento de los derechos de autor que “hoy están monopolizados arbitrariamente por Sadaic contra la voluntad de cientos de artistas que ven vulnerada su propiedad intelectual”. Así se refirieron Justo Verazay y Mario Jorge del Barco, gerentes de Adaicop, para resumir el trabajo que iniciaron desde la asociación a principios del año pasado en defensa de artistas que hoy están en contra de su voluntad bajo la tutela de Sadaic y que rechazan “ese sistema arbitrario y propio de la dictadura” por el cual la gente se ve obligada a resignar sus derechos amparados constitucionalmente. En las presentaciones invocaron conceptos de la Carta Magna como el artículo 17 que establece que “el autor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento. Mencionan que la norma que protege este estatus está contemplada en la ley 11723 de Propiedad Intelectual que le confiere a los autores exclusiva facultad para disponer de sus creaciones. En una presentación judicial en el juzgado federal número 2 advierten también que esta situación es correlativa con un “perverso sistema de recaudación de los derechos de autor que Sadaic aplica en fiestas públicas, privadas religiosas y espectáculos masivos, con el apoyo de las municipalidades y hasta con la Policía de la provincia.
Las denuncias, en la Justicia
A principios del año pasado, Adaicop efectuó una presentación ante la Justicia Federal donde denuncia el delito de estafa contra el usuario de música y fraude contra el autor. Advierte que Sadaic no es representante legal de todos los autores del país y del mundo y que mal podrían cobrarse entonces los derechos de autor de los artistas que no están bajo esa tutela. En esa presentación, que luego fue girada al ámbito de la justicia provincial, sostienen que el sistema de cobro continua impune desde 1966 con el apoyo de la Policía y los municipios que hacen las veces de agentes de cobro de una entidad privada.
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