Una nómina difundida por la Unidad Fiscal de Seguimiento de los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, dependiente de la Procuración General de la Nación, indica que sólo en Bahía Blanca 23 ex miembros del ejercito y otras 22 ex oficiales de la armada imputados por delitos de lesa humanidad.

La excarcelaciones revocadas en la causa del Ejército corresponden a: Andrés Reynaldo Miraglia; Héctor Luis Selaya; Ricardo Claudio Gandolfo; Jorge Enrique Mansuelo Swendsen; Carlos Andrés Stricker; Felipe Ayala; Armando Barrera; Bernardo Artemio Cabezón; Gabriel Cañicul; Andrés Desiderio Gonzalez; Arsenio Lavayen; José María Martinez; Fernando Antonio Videla; Carlos Alberto Arroyo; José Héctor Figaldo; Miguel Antonio Villegas; Juan Manuel Bayón; Osvaldo Bernardino Páez; Hugo Jorge Delmé; Walter Bartolomé Tejada; Alejandro Lawless; Osvaldo Laurella Crippa y Raúl Oscar Otero.

Las excarcelaciones revocadas en Armada corresponden a: Guillermo Félix Botto; Carlos Alberto César Büsser; Tomás Hermógenes Carrizo; Oscar Alfredo Castro; Carlos Ovidio Cornelli; Enrique De León; Víctor Oscar Fogelman; Eduardo René Fracassi; Eduardo Morris Girling; Hugo Andrés José Mac Gaul; Leandro Marcelo Maloberti; Angel Lionel Martín; Francisco Manuel Martínez Loydi; Domingo Ramón Negrete; Edmundo Oscar Núñez; Guillermo Martín Obiglio; Carlos Alberto Padula; Hernán Lorenzo Payba; Gerardo Alberto Pazos; Luis Alberto Pons, y Jose Luis Ripa.

Una vez comunicada la determinación a las partes, los representantes legales de los imputados comenzaron a presentar sus quejas procesales. Concretamente, fueron muchos quienes ya le presentaron al juez Álvarez Canale habeas corpus o pedidos de excarcelación, para revertir la situación de detención.

“Fueron muchos los que ya hicieron las presentaciones del caso, todos aduciendo que se trata de una medida injusta, ya sea por caso de enfermedad, por haber pagado con anterioridad una fianza o por cuestiones de edad”, indicó el magistrado en diálogo con el periodista Germán Sasso, por radio Universal.

Según adelantó el juez Federal, la mayoría de esas quejas fueron rechazadas por resultar improcedentes.