Fue autorizado a asistir los sábados a un curso de mandatario del automotor. Preocupa la posibilidad de una fuga del condenado.
Stara informó ayer al TOF 1, integrado por los jueces entrerrianos Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero, sobre la situación de Amelong. "Queríamos ponerlo en conocimiento de este Tribunal, fundamentalmente porque el imputado también se encuentra a su disposición. Recibimos la comunicación de Schujman y tomamos conocimiento de la autorización para asistir al curso, en el expediente donde tramita la ejecución de la pena", dijo el representante del Ministerio Público Fiscal.
Además de presentar un escrito ante Paulucci, Stara solicitó ayer al Tribunal que "se resguarden las medidas del caso, teniendo en cuenta que estamos en la etapa final del juicio". Como respuesta, López Arango ordenó indagar si "el Tribunal está debidamente notificado" del permiso dispuesto por Paulucci y prometió que, una vez dilucidado ese dato, tomarán "las medidas pertinentes".
Stara dijo a Rosario/12 que requieren información sobre "la seguridad en el ingreso al hotel, ya que el lugar no está preparado para alojar a una persona esposada, que llega con custodia de Gendarmería". Recordó que el detenido está a disposición del Tribunal que lo condenó en 2010, pero también del juez Marcelo Bailaque y del Tribunal actual.
Amelong fue sentenciado por 27 privaciones ilegítimas de la libertad y torturas, como así también de 17 homicidios agravados el 15 de abril de 2010. Se trata de víctimas que estuvieron en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y la Intermedia, como así también en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Todos dependían del Destacamento de Inteligencia 121 con asiento en Rosario. Amelong era teniente coronel y su apodo era Daniel. Si bien está detenido en la cárcel de Marcos Paz, Amelong permanece en el penal rosarino de Montevideo y Ricchieri para asistir a las audiencias de la causa Guerrieri II, donde está imputado además por asociación ilícita.
Para Schujman, "este tipo de autorizaciones resultan llamativas. Nosotros consideramos que todos los detenidos deben tener garantizados sus derechos a la salud, a la educación y a mantener contacto con sus familiares, pero en este contexto, se transforma en un privilegio porque ningún otro detenido del sistema federal que no sea un genocida tiene este tipo de autorizaciones".
Sobre el curso de los sábados, Schujman se preguntó "cuáles son las condiciones de seguridad para que el detenido permanezca ahí sin que se produzca un riesgo de fuga. ¿Hay un gendarme parado al lado de él durante el curso?".
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