La Justicia Federal de San Rafael ordenó la detención de 35 personas imputadas por delitos de lesa humanidad. Todos son militares y policías que se desempeñaron entre 1976 y 1983. La decisión judicial de detenerlos parte de las compulsas realizadas tras el juicio que en el año 2010 condenó a represores.
Entre los detenidos se encuentran los ex comisarios Hugo Trentini (implicado y condenado en el caso Bordón) y Oscar Pérez (policía retirado que fue jefe del D2 en la época del régimen militar, se desempeñó hace unos años en el Consejo Departamental de Seguridad y fue funcionario del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Celso Jaque); el suboficial Edgar Martín Ferreyra (conocido por su trabajo en radio); Daniel Guajardo (ex funcionario del Juzgado Federal); los policías Orlando Gutiérrez, Graín, Freire y Navarro y Tomás Rojas (ex jefe de bomberos).
Todos los imputados están relacionados o vinculados con las fuerzas de seguridad, habiendo servido o cumplido funciones para el gobierno militar entre los años 1976 y 1983.
Según informaron la abogada Mariela Herrera, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), y Mariano Tripiana, de la agrupación Hijos, eran 9 los detenidos hasta ayer y estaban alojados en la Penitenciaría local, aunque no se descartaba el futuro traslado a otras penitenciarías de la provincia.
Informaron además que la Justicia Federal libró un exhorto con pedido de captura internacional para el sacerdote Franco Reverberi, que se encuentra en Italia y habría argumentado problemas de salud que le impedirían viajar.
Los imputados surgieron de las compulsas del primer juicio por delitos de Lesa Humanidad de la provincia que tuvo lugar en San Rafael durante 2010 y deberán responder por 76 causas por desaparición, tortura y privación ilegítima de la libertad.
Según explicó Herrera los imputados fueron indagados entre octubre de 2011 y abril de este año, y de allí derivaron estos procesamientos con prisión preventiva.
La letrada Herrera señaló que tanto la APDH como la agrupación Hijos trabaja en archivos de la provincia de Mendoza y que podrían aportar más información sobre delitos de lesa humanidad. También se investiga sobre casos de chicos que podrían haber sido apropiados y nacidos en 1976, por lo que se emitió un pedido a quienes duden de su identidad, para que se acerquen a la entidad.
Señaló además Herrera que los imputados tuvieron el debido derecho a defensa y que no se abundó en la divulgación de más nombres para no entorpecer las detenciones que aún falta realizar.
Si bien no se pudo contar con información oficial, trascendió que fue el juez subrogante del Juzgado Federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, quien habría ordenado las detenciones en el marco de la investigación de la causa.
Por su parte Mariano Tripiana -hijo de Francisco, uno de los 38 desaparecidos de San Rafael y que formó parte del lote de cuatro víctimas por las cuales se llevó a cabo el primer juicio de lesa humanidad de Mendoza en San Rafael, durante 2010- manifestó que se solicitará que se unifiquen las causas y aclaró que no hay civiles detenidos pero están siendo investigados aquellos que colaboraron con el Batallón 601.
La saga de un juicio histórico
Cabe recordar que estas compulsas surgieron del juicio que concluyó en noviembre de 2010. Entonces el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza dictó sentencia de prisión perpetua a Raúl Ruiz Soppe, Aníbal Guevara y Juan Labarta, y condena a 8 años para Raúl Egea por las detenciones y posteriores desapariciones de cuatro militantes de la Juventud Peronista de los 70: Francisco Tripiana,Roberto Osorio, Pascual Sandoval y José Guillermo Berón.

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