El organismo de DD.HH bonaerenses realizó una presentación legal “para determinar la responsabilidad de los policías que intervinieron en el violento ataque” contra los trabajadores que protestaban contra despidos. Críticas contra el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, quien dictó el desalojo.
El conflicto de los choferes de la línea Este y 502 de La Plata nuevamente recayó en organismos provinciales luego de la abstención realizada por el Ministerio de Trabajo. En esta oportunidad fue la Comisión Provincial por la Memoria(CPM) la que intervino para solidarizarse con los trabajadores luego de la represión sufrida la semana pasada.
“Como parte de este acompañamiento, la CPM solicitó el acceso a las causas y pidió que, rápidamente, se tomen medidas para constatar las lesiones que sufrieron los trabajadores. Al mismo tiempo, el organismo hizo una presentación en Asuntos Internos para determinar la responsabilidad de los policías que intervinieron en el violento ataque”, afirmaron desde el organismo.
Además, cuestionaron al juez de Garantías, Juan Pablo Masi, ya que la disposición emitida por él (el 24 de octubre) “significó una orden de desalojo que se cumplió con una intervención violenta, desmedida e ilegítima de las fuerzas policiales”.
Por otra parte cuestionaron la intervención de fuerzas de seguridad comunales, las cuales no tendrían habilitado intervenir en conflictos de este tipo: “Particularmente grave fue la intervención de la Policía Local y el requerimiento que hizo el mismo juez de Garantías para que agentes de esta fuerza participen del procedimiento. Cabe destacar, igual que lo hemos hecho en otras oportunidades, que la Policía Local fue creada como policía de proximidad y sus objetivos no concuerdan con la intervención en procedimientos represivos tales como manifestaciones, desalojos u otros similares”.
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