El gobernador Sapag firmó un decreto para tal fin que va en concordancia con una norma nacional.
Quienes integran el sector de representación pública provincial son la administración central y los organismos descentralizados, y la medida alcanza a los funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financie la provincia.
El decreto a nivel provincial proclamado por el gobernador, lleva el número 1.111/13, y explicita que los servicios con la línea aerocomercial de participación estatal “podrán apartarse de lo dispuesto allí únicamente cuando las empresas no comercialicen vuelos directos o indirectos –por medio de conexiones inmediatas con un desvío razonable- al área de influencia del destino requerido”, o cuando carezcan de disponibilidad para la fecha solicitada. En esos casos, la decisión deberá estar fundada y a cargo del responsable y se deberá contratar los servicios de Líneas Aéreas del Estado (LADE), y en última instancia a otra aerolínea comercial.
El decreto expone en los considerandos que “deben contribuir a mejorar la eficacia, la eficiencia en el uso de los recursos y la economía en el cumplimiento de los objetivos de las jurisdicciones y entidades del sector público”.

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