El comunicado, publicado en la web de la Comisión por la Memoria, puntualiza los motivos aunque no los nombres de los renunciantes, entre quienes se encuentran Laura Conte, vicepresidenta; Fortunato Mallimacci, Daniel Goldman, Roberto Cossa, Mempo Giardinelli y Elizabeth Rivas.

Las explicaciones del organismo hicieron foco en “las consecuencias que generó la denuncia por acoso sexual y laboral contra el ex secretario ejecutivo y ex miembro de la CPM, Alejandro Mosquera, por parte de una trabajadora de la institución”. Hablaron de un proceso “muy doloroso y complejo” y de “discusiones muy difíciles”, por los cuales no se pudo llegar a “acuerdos unánimes”.

En concreto, la referencia llega por la decisión de implementar un proceso administrativo de investigación interna, a cargo de Beinusz Szchmukler, tras el cual se llegó a un dictamen, el cual fue aprobado por mayoría, donde se indicaba "que de las constancias descriptas no surgirían a criterio de esta instrucción, elementos probatorios que acrediten la existencia de una situación de acoso sexual o laboral a la denunciante por parte del denunciado, debiendo primar en el caso los principios de inocencia e ‘indubio pro reo’”.

Seguidamente el dictamen sostiene "que, no obstante, los hechos descriptos en la denuncia y no desmentidos por el denunciado, podrían configurar, a criterio de esta instrucción, una falta de respeto para con una dependiente jerárquica", agregando "que en tal sentido la Ley Nº 10.430, que regula las relaciones de empleo público en la provincia de Buenos Aires, establece los siguientes parámetros y directivas, que debería seguir la autoridad de aplicación, en este caso la Comisión Directiva de la Comisión Provincial de la Memoria, a los fines de la decisión sobre la existencia o no de una situación reprochable en términos disciplinarios y en su caso la graduación de la sanción que corresponda". Las sanciones para esta falta van del apercibimiento a la cesantía. Para algunos miembros de la CPM, esta parte del dictamen no tenía sentido alguno, y descartaron cualquier sanción.

Allí se habría producido el quiebre, a raíz del cual se decantaron las renuncias. La conducción de la CPM señaló que entienden “sus diferencias” y que las respetan, “pero nos cuesta entender y rechazamos que no sean fieles a los acontecimientos e intenten inscribirlos en un plano que no está en la esencia del debate. Este pasa por principios y valores, no por posiciones personales”.

“No haremos una ponderación de sus posiciones, ni concluimos que sus expresiones le quitan valor como luchadores por los derechos humanos que han sido, son y sin dudas seguirán siendo. Albergamos la esperanza de que una reflexión mediada por el tiempo les permita rever su posición y comprender la nuestra”, concluye el documento, que lleva las firmas de Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Hugo Cañón (presidente), Aldo Etchegoyen (vicepresidente), Víctor Mendibil (secretario), Mauricio Tenembaum (pro-secretario), Elisa Carca (tesorera), Susana Méndez (pro- tesorera), y el acompañamiento de la mayoría del plenario de la CPM.