El director ejecutivo del Hospital Central, Guillermo Elías, presentó la renuncia a su cargo, en el que permanecerá hasta el 31 de marzo, según lo acordado con el ministro de Salud, Juan Carlos Behler. La dimisión se debe a la falta de recursos y de políticas sanitarias, aunque el elemento determinante fue la carga de atender a internos penitenciarios más allá de la capacidad del nosocomio y darle prioridad, por presión judicial, antes que a los pacientes que concurren a diario o están internados en el hospital.

Estos planteos cayeron muy mal en el cuarto piso de la Casa de Gobierno desde donde se había comentado que Elías había sido echado.

"Es difícil luchar con un presupuesto bajo, estamos hechos para trabajar con presupuestos bajos pero no con nada de plata. Se hace difícil; pero tengo la satisfacción de decir que el hospital ha quedado en cero y sin deudas, no como otros hospitales que han tenido que salir a subvencionarlos", explicó ayer el director del hospital Central, quien agregó que hay presupuesto hasta julio.

Pero además, otra de las causas por la que Elías se va, según explicó "es por el mal manejo de algunos gremios que nos supera y desautoriza" y por la situación que se plantea con la atención a internos en la Penitenciaría provincial, lo que provocó un gran enojo en el Gobierno.

Según Elías, la mayor parte de los internos penitenciarios son derivados al Central, donde se reciben entre 30 y 40 interconsultas por semana, además de dos o tres consultas de guardia.

"Los jueces o los encargados de administrar la justicia nos obligan a que tenemos que tener 56 cirugías, que tenemos que operar ya a un reo porque dicen que les tengo que dar turno. Estas cosas nos han superado en el trabajo, tenemos mucha lista de espera de gente que está necesitando que la operen para poder volver a trabajar y nos obligan a que atendamos primero a los internos. Tenemos internos en salas comunes, lo mismo puede ser en cualquier hospital, por qué tienen que venir todos acá", dijo.

Lo único que pidió a las autoridades del Ministerio de Salud es que no se los atienda solo en el Central, sino en el resto de los hospitales que están en condiciones de atenderlos para repartir la tarea y organizarse mejor, ya que sino el hospital se ve complicado en su labor.

El pabellón para penados o procesados solo tiene cuatro camas por lo que luego hay que internarlos en salas comunes con custodia.

"Hay un descontento en el personal porque los penitenciarios en general son bastante agresivos, no son personas que sean educadas; entonces, a veces hay riesgo de agresión a los enfermeros, médicos y los que limpian no se sienten bien con ellos", aclaró Elías.

Mientras tanto, en un acto realizado en Godoy Cruz, el gobernador Celso Jaque se refirió a la situación planteada en el hospital Central con los internos en la penitencia.

Jaque dijo que: "cuando una persona está detenida sólo está privada del derecho a la libertad y sigue gozando de los otros derechos -como el de la salud- en la misma medida que cualquier ciudadano libre. Por lo tanto, no comparto que se diga que primero está la atención a los ciudadanos libres y después la de los internos de la Penitenciaría. Lo que hay que hacer es coordinar esfuerzos para la atención de todos, sin privilegiar a unos sobre los otros", expresó el gobernador.