De patas cortas y de narices largas, las mentiras se cuentan por kilos en la política tucumana.
Otro ex mandatario tucumano, Antonio Bussi, también cuenta con alguna anécdota similar. En marzo de 1998 se confirmó la existencia de una cuenta a su nombre en un banco de Suiza; tema que había saltado a la luz en junio de 1997 a instancias de una investigación del juez español Baltazar Garzón. Consultado por la prensa, Bussi dijo: “ni niego, ni afirmo”; pero se declaró totalmente inocente. Luego, ante un tribunal militar, el ex gobernador afirmó que había negado la cuenta “como gobernador, y nunca como militar de la Nación, en un contexto claramente político, con lenguaje y estilo políticos”. “Ningún político debe mentir”, le reprochó el entonces jefe del ejército, Martín Balza.
Muchas promesas de campaña devienen embustes. Tal es el caso de los 50.000 puestos de trabajo y de las 30.000 viviendas que el ex titular del Ejecutivo provincial Julio Miranda había garantizado si llegaba al Gobierno. O la tan mencionada revocatoria de mandato que el gobernador, José Alperovich, prometió incluir en la Constitución de la Provincia, tras la reforma de 2006. Incluso, coloridos afiches aseguraban a los tucumanos que podrían echar a los funcionarios que se desviaran del mandato popular.
Pero durante la gestión mirandista no se crearon tales empleos ni se edificaron esas viviendas. Y en ninguna de las sesiones de la Convención Constituyente se discutió la chance de que la ciudadanía revocara el mandato a un mal funcionario. En cambio, sí cobró importancia lo que antes había sido menor para Alperovich: la posibilidad de la reelección.


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