La renuncia presentada en diciembre por el fiscal de instrucción de la IIº Nominación, Carlos Albaca, aún sigue atada a una decisión del gobernador José Alperovich.

Si bien ayer el mandatario provincial sostuvo ante los medios de prensa que la dimisión ya le fue aceptada, fuentes del Poder Ejecutivo (PE) y de la Legislatura confirmaron a LA GACETA que la Casa de Gobierno envió, el 9 de enero, un pedido de informes a la comisión de Juicio Político de la Legislatura, con el objetivo de recabar datos sobre la situación de Albaca.

A quien sí le aceptó la renuncia -fue en diciembre- es al juez Alberto Pidrabuena, miembro del tribunal que en 2012 absolvió a los 13 imputados por la desaparición de María de los Ángeles Verón. El 11 de diciembre pasado, precisamente, la Corte Suprema de Tucumán había desestimado el recurso extraordinario que había interpuesto PE para evitar que el magistrado renunciara al cargo y, de esta manera, eludir el proceso de destitución en su contra.

Sin salida

Acorralado por la seguidilla de pedidos de destitución, Albaca presentó el 27 de diciembre su renuncia con fines jubilatorios. La corporación judicial le había soltado la mano el 13 de diciembre pasado: ese día, Marta Ignacio Jerez, fiscal de Cámara e instructora del sumario administrativo que ordenó la Corte Suprema de Tucumán, firmó el informe que condenó sin atenuantes la labor del fiscal durante los siete años que este tuvo en su poder la causa “Lebbos”.

Albaca había perdido el control del expediente hacía un semestre, luego del estudio sobre la pesquisa que elaboró el letrado Bernardo Lobo Bugeau por encargo de un programa de lucha contra la impunidad de la Nación. Hasta entonces, la causa tramitaba en la oscuridad, según Alberto Lebbos: ni el padre de la víctima, y querellante, accedía a ella. Pero el 5 de junio del año pasado, Luis de Mitri, titular del Ministerio Público, dispuso el cese de la intervención de Albaca en el expediente “Lebbos”.

Albaca era el fiscal con mayor antigüedad en el fuero penal de la capital. Fue designado durante el Gobierno de Ramón Ortega (1991-1995). Sobre el funcionario judicial, además, pesan dos pedidos de remoción formulados por el PRO y la UCR en la Legislatura.