En tanto, un tribunal integrado por conjueces apartó al juez federal Walter Bento de la investigación que seguía contra Miret y Romano por el supuesto encubrimiento de delitos de la dictadura.
Endeiza es el único de los seis miembros originales de la Cámara Federal de Apelaciones que está en actividad plena.
La renuncia se suma a la que hace un mes también presentó el juez de la Cámara, Luis Miret, con un juicio político en su contra, y se produce luego de que el jueves el Consejo de la Magistratura, durante una reunión plenaria y luego de haber escuchado los planteos del procurador general de la Nación, Esteban Righi (un hombre cercano al matrimonio presidencial), aprobó pedir a la Corte Suprema una audiencia pública para analizar la "gravedad institucional" que atraviesa la Justicia Federal de Mendoza.
El Consejo investiga a los camaristas Otilio Roque Romano y Julio Demetrio Petra Fernández, sospechados de consentir crímenes de la dictadura y designar a jueces que dictaron fallos a su favor, y pedirá a la Corte que cubra las vacantes que hay en la Cámara.
Por los mismos hechos, entre ellos la acusación de no investigar la violación de una joven de 16 años, Miret fue enviado a juicio político, lo que ocurrió el 16 de setiembre pasado, dos días después de que presentara su renuncia.
El Gobierno todavía no resolvió si aceptará la dimisión a Miret, por lo que está firme su juicio político, lo que será resuelto cuando analice la renuncia de Endeiza, informaron voceros gubernamentales.
Los conjueces fueron designados por la demora de la Cámara en nombrar a magistrados subrogantes, tema que el Consejo quiere que defina la Corte.
El procurador Righi, el jueves, expuso un informe ante el Consejo de la Magistratura, donde advirtió sobre las demoras que hay en Mendoza para investigar delitos de lesa humanidad y para cubrir las vacantes, que impiden avanzar con las causas.
Righi alertó también en su exposición sobre los obstáculos que debe superar el Ministerio Público Fiscal para llevar adelante su tarea en causas por delitos cometidos durante la represión de Estado que tuvo lugar durante la última dictadura militar en el país, que gobernó entre 1976 y 1983.
En ese sentido, comprometió el apoyo de la Procuración al fiscal Omar Palermo, principal impulsor de la investigación contra Romano y Miret.
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