El gremio Sitea sigue atacando la licitación para contratar una consultora privada que mejore la recaudación de Rentas y ya tiene lista una presentación judicial solicitando la inconstitucionalidad del proceso. Además interpondrá una medida cautelar para congelar la licitación hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Ayer, el documento estaba listo y se espera que hoy se formalice ante la Corte. "Los abogados no alcanzaron a presentarla y lo van a hacer mañana (por hoy)" confirmó Víctor Dagfal titular del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados. Así, el gremio intenta frenar la "privatización" de Rentas "porque se afectan intereses públicos".

En tanto mañana en la Legislatura se librará otra dura batalla. El diputado Ricardo Puga consiguió el aval de distintas fuerzas para avanzar con un proyecto de ley que "prohíba" la privatización o concesión de la recaudación de impuestos provinciales por parte de privados. Y en segundo lugar, solicitará la derogación del decreto 989/11 que dio vía libre al ministerio de Hacienda para avanzar con la licitación de los servicios de consultoría. "La intención es tratarlo el miércoles sobre tablas", comentó.

Según detalló, el proyecto cuenta con la firma de radicales, demócratas y el peronismo federal y se sumarían más adeptos. Si el proyecto pasa el filtro de Diputados (es la misma cámara que la semana pasada aprobó por unanimidad un proyecto de declaración solicitándole al Ejecutivo que dé marcha atrás con la medida), la gente de Sitea ya tiene acordado con los senadores que lo traten a la brevedad. La idea es que hoy, cuando sesione la Cámara Alta, realice un cuarto intermedio y prosiga el jueves. Es que, si no apelan a este mecanismo la ley no podría estar sancionada antes del lunes 11 que está prevista la convocatoria a los oferentes.

En el sur también mostraron su desacuerdo con Celso Jaque. El Concejo Deliberante de San Rafael rechazó la iniciativa oficial, como ocurrió en Alvear la semana anterior. "Fue 11 a 1, la decisión en contra de esta privatización", dijeron desde el municipio.

Por enésima vez, el sindicato ataca la decisión del Ejecutivo de entregar el control del organismo recaudador a una firma privada asegurando que "se advierten irregularidades en el proceso de formación y concreción de los pliegos que busca realizar una verdadera privatización de la DGR".

El pedido de inconstitucionalidad se apoya, entre otros conceptos, en la omisión de "la opinión al Director de Rentas" tal cual lo estipula el Código Fiscal; la vulneración del ejercicio del derecho al debate parlamentario y el respeto a la reserva de la potestad legislativa, "dado que está directamente comprometida la recaudación de todos los impuestos provinciales (excepto las regalías) y el destino del dinero que por éstos pagan los contribuyentes al Fisco".

Además mencionan la violación de la legislación sobre coparticipación ya que "se afectan" recursos de los municipios "en el derecho que tienen sobre los fondos dinerarios recaudados por la Provincia, patentizando así un desvío de la recaudación provincial, para directo beneficio de una empresa particular".

Otro punto del reclamo es por la "violación del secreto fiscal" ya que la tercerizada tendrá acceso irrestricto a la base de datos con la información de los contribuyentes. Además, Sitea expone que "el voluminoso pliego licitatorio que curiosamente se encontraba confeccionado juntamente con el inicio del trámite", recibió despacho favorable de todas las áreas que intervienen en un proceso burocrático en "tiempo récord": menos de un mes.

Esto incluye la labor del fiscal de Estado Joaquín de Rosas que se tomó "un día hábil" para acompañar favorablemente. En tanto, para una presentación del gremio en contra de la licitación de "tan sólo de 3 hojas", se tomó "cinco días para su contestación", denuncian.