En consonancia con lo ya expresado luego del discurso del Gobernador la semana pasada, la legisladora subrayó "de más está decir que hay que dar repuesta a las problemáticas que afectan a nuestra Provincia, empezando por la postergada y urgente recomposición salarial pero es irresponsable plantear que el aumento salarial, que ya se anuncia para el próximo 16 y 18 de marzo, dependa de la aprobación de este marco" y continuó "esto es trasladarle la carga de la decisión a los trabajadores".

En otro orden de cosas, la profesora Mestelán consideró que "Por estos días se nos hace creer que en este marco están las herramientas para controlar y multar cuando en realidad estas herramientas ya existen pero no existe la voluntad política de hacerlo" y que "está claro que lo que se trae a consideración -el marco regulatorio para la prórroga de las concesiones petroleras- no resuelve el problema de fondo que es: cómo garantizamos el cuidado del recurso no renovable y cómo hacemos justa la distribución de beneficios. Esto es: esta ley sigue manteniendo un 12% de regalía petrolera y concibe todos los montos adicionales con un precio de 42 dólares".

Argumentos compartidos

Por otro lado, Gabriela Mestelán se refirió a los puntos que destaca de esta renegociación esgrimiendo "Los argumentos fuertes que compartimos son: coparticipación a municipios, toma de trabajadores locales, contratación de prestadores de servicios residentes en la Provincia", puntos que "se tienen que auditar en los contratos ya existentes y se tendrán que incluir en una nueva ley de hidrocarburos que además repare la injusticia del porcentaje de regalía y del precio del barril del petróleo fundamentalmente".

Haciendo hincapié en la legislación vigente Mestelán consideró que hay que garantizar lo que también señala el art. 35 de la ley nacional de hidrocarburos la cual dice que las provincias podrán prorrogar las concesiones siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión y que la respectiva solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a 6 meses, y que, en contraposición con lo expuesto, "No ha habido auditorías, no hay certificación de reservas fehacientemente comprobadas ¡y estamos a siete años del vencimiento de los contratos!".

Por último, la legisladora por Encuentro Ciudadano agregó "está claro que, en esta coyuntura histórica a la que llegamos con esta gestión de 20 años, el gobierno necesita incrementar los ingresos del presupuesto y las empresas necesitan esta señal de tranquilidad que lo único que pone en vilo son nuestras posibilidades de sustentabilidad a futuro".