Para que ello ocurra son necesarias dos cuestiones: notificar al infractor y que en los siguientes seis meses este no regularice su situación. En consecuencia, teniendo en cuenta esos tiempos, el primer remate se haría a mediados de 2011.

En el Corralón se encuentran más de doscientas motos acumuladas y hay pocas expectativas de que sus propietarios regularicen la situación, en consecuencia saldrían a subasta el año que viene.

La iniciativa que estuvo un par de meses en comisión hasta la obtención de los votos necesarios por parte del oficialismo para su aprobación, es la puesta en marcha de una reglamentación de la provincia para solucionar la problemática con los depósitos de vehículos secuestrados a infractores. Son depositados por los municipios en lugares que determinan, y el resultado es que en toda la provincia se generan abarrotamientos. Como consecuencia de ello surge una ley provincial que necesita una ordenanza local para autorizar los remates.

Cuando el tema fue abordado en el Concejo Deliberante, el concejal Pino dio a conocer cifras, “pedimos información a Tránsito, quien nos dice que hay alrededor de 200 motos, todas debidamente enumeradas organizadas de acuerdo a la infracción, marca, número de motor y patente secuestradas. La ley dice que luego de seis meses el Municipio podrá realizar la subasta o desguace de todas ellas”.

Se rematarán aquellos vehículos que estén en condiciones de rodar, que tengan chasis y número de motor identificable y que no excedan los cinco años. Los que no cumplan con esos requisitos o sus daños parciales superen 50% serán subastados como chatarra. Los fondos que se generan deberán enviarse a la Provincia y retornados como pago de multa y los gastos de estadía.

El concejal del Frente para la Victoria dijo “en la comisión de legislación le hicimos algunos agregados, la gente tiene que tomar conocimiento de este tema, debemos tener las mismas condiciones aquellos vehículos que estaban en depósito y los que de aquí en más los que sean secuestrados, por eso incluimos un articulo en el que se deja en claro que el Departamento Ejecutivo municipal deberá notificar individualmente, comenzando a contar los 6 meses a partir de la fecha de dicha notificación. Si no se encuentra o no responde igual va a subasta”. También dijo, “se le da tiempo 6 meses para que regularice su situación en el Juzgado de Faltas con las distintas opciones. Pasado los seis meses a partir de junio estaríamos en condiciones de hacer el remate”, dijo finalmente.