Que el ideal de consenso está lejos quedó claro en las últimas horas, con la salida de los concejales de la Coalición Cívica a exponer una mixtura de irregularidades y preocupaciones halladas en la oferta de servicio que presentó la compañía que, en teoría, tendría que con las noventa toneladas de residuos que entran al Relleno Sanitario.

Pero los afines al miguelismo no están solos. El MID también planteó serios cuestionamientos al emprendimiento fomentado por el Departamento Ejecutivo y hay dos votos del Partido Justicialista que aún no se sabe para qué lado terminarán yendo.

Un proyecto con muchas incógnitas

Los ediles afirman que el documento que contiene tanto los antecedentes de la firma preadjudicataria como las actividades que se compromete a desarrollar en pos de cambiar la cultura basurera de Junín llegó al Concejo el 14 de enero, días antes de que comenzara a observarse una “presión mediática” de sus pares meonistas por instalar el tema como una cuestión urgente a resolver. Aseguran que desde ese momento se pusieron a analizar el expediente página por página y, ya reunidos con el resto de los bloques, se reunieron con los responsables de Girssa.

“Les pedimos una definición del panorama que observan en el Relleno, porque siempre se planifica en virtud de lo que uno observa como análisis de situación, y ellos concluyen en que se trata de un basural a cielo abierto”, comentó Magdalena Ricchini, que más tarde agregará que esperaba una respuesta más elaborada de los presuntos expertos.

Ricchini dijo que “después de haber hecho un análisis minucioso de los pliegos y de la presentación hecha por los dos oferentes, vimos algunas cuestiones que no nos terminan de cerrar pero sí estamos en un todo de acuerdo que es necesario enfrentar y resolver el tema de la basura”.

En ese sentido especificó que “sostenemos que el tratamiento debe ser integral, no puede empezar la selección de residuos en el basural sino en los domicilios, con una acción gradual. A partir de allí hay más dudas que se nos presentan: la empresa que gana la licitación, según se manifiesta en la preadjudicación, lo consigue por la tarea de educación que se tiene pensado hacer en las escuelas. Se menciona un PEI (Proyecto Educativo Institucional).

Indagamos sobre la experiencia que tiene esta empresa en otros lugares, más que nada en la provincia de Entre Ríos, se ha desempeñado en localidades pequeñas, tiene un capital de veinte mil pesos, todas cosas que serían un dato no preocupante si el plan fuera consistente, pero aparece inconsistente en varios puntos”.

“Por ejemplo, uno se pregunta si la cuestión educativa debería ser tercerizada y en lo referente al tema de la ganancia –todo el mundo dice que la hay en este rubro-. Además, el 36 por ciento del material desechado es reciclable. Al municipio le sale, además de 175.000 pesos por mes (125.000 del municipio y 42.000 de la provincia), siete empleados municipales completos, más maquinarias que tienen un valor importante. En realidad, el municipio invierte mucho más que la empresa”, señaló la ex secretaria de Bienestar Social.

Empresa sin experiencia

Cecilia Avila sostuvo que “esta empresa no tiene experiencia” y desafió al marcar que aunque “el Intendente asegura lo contrario, a nosotros nos gustaría que se detalle más”.

La trayectoria de Girssa como ente regulador de la basura –según lo que consta en su historial- se forjó en los pueblos entrerrianos de Sir Leonard y Colonia Protestante, que tienen 545 y 245 habitantes respectivamente y la Municipalidad de Seguí –cerca de Paraná-, que cuenta con menos de cinco mil habitantes. “Yo me comunique por teléfono con la secretaria de Medio Ambiente de esa comuna y ella me dijo que de ninguna manera habían manejado el Relleno Sanitario, solamente retiraban botellas de plástico y daban charlas. Nos preocupa en gran parte porque se trata de una cesión a diez años, que compromete a cuatro gestiones”, afirmó la concejal Avila.

Pasos formales incumplidos

A todo eso hay que sumarle que el tema también estaría presentando lunares en el cumplimiento de pautas formales de rigor, en este caso necesarias por tratarse de la concesión de un servicio público que quedará en manos de una entidad privada por diez años.

Al respecto, Adrián Feldman apuntó que “vivimos en un país federal, cada provincia tiene su marco regulatorio en lo concerniente a la temático de los residuos. La provincia de Buenos Aires tiene una nutrida legislación que ordena distintas acciones que se deben seguir para hacer efectivo el tratamiento de residuos, tal es así que mirando el primer alcance del expediente del llamado a licitación, muchos de los requisitos que deben hacer efectivos quienes vayan a prestar el servicio están especificados”.

“Pero nos encontramos con que la oferente ganadora presenta documentación inherente a la provincia de Entre Ríos, cuando las leyes bonaerenses son muy concretas. A tal punto que existe un organismo llamado Organo Provincial para el Desarrollo Sustentable, que exige una serie de inscripciones tanto de las personas como de las empresas que se manejan en estos temas, cosa que no encontramos en el expediente al indagar a la firma ganadora”, denunció.

Además cuestionó que “el tema de los metales, que origina una quema constante en el basural, también está prefijado por la Ley 11.620, que tiene un anexo donde habla sobre los residuos peligrosos, y esta ley tiene un decreto reglamentario al que deben adherir quienes vayan a trabajar en la materia y no vemos que lo haya hecho la firma que gane”.

En resumen, Feldman concluyó con que “el expediente que nos pretenden hacer aprobar y que nos quieren apurar con la excusa de que les ponemos palos en la rueda, no contiene absolutamente nada de esto. Acá ni siquiera nos oponemos, lo que vamos a pedir es que antes de ser aprobado viaje completo al Organismo Nacional del Desarrollo Sustentable para que esa institución la que adopte un dictamen y nos diga si esta empresa puede manejar un lugar que almacena noventa toneladas diarias”.