Agrupaciones peronistas de nuestro medio se pronunciaron públicamente sobre el corte de la ruta nacional 11 que llevan a cabo un grupo de miembros de pueblos originarios, haciendo hincapié que “todos los miembros de una comunidad debemos cumplir las reglas de convivencia, por el bien de todos”.

Al respecto, un documento que suscriben Silverio “Cacho” Larracet y Gerardo Neris Delgado, de Alternativa Peronista y Peronismo Causa Popular, respectivamente, señala textualment:

“En el marco de un claro y determinante enfoque de la situación de conflicto encarado por un grupo de hermanos de pueblos originarios quienes reclaman el accionar del Estado provincial para ceder en su metodología de cortar la ruta nacional 11, consideramos que nuestra provincia ha sido y es la pionera en materia de derechos integrales reconocidos a estos pueblos hermanos.

“En sintonía con esa política de estado iniciada en el año 1984 con la sanción de la ley 426/84 las instituciones democráticas del primer gobierno peronista, se fijaba el rumbo y la decisión estratégica de reconocer en estos pueblos a toda la comunidad, atendiendo su problemática, su cultura, su lengua, sus necesidades y sus proyección como pueblo diverso que desde la comunidad provincial se integró sin distinción de ninguna índole.

“Marchas y contramarcha siempre hubo y habrá en la construcción de niveles de convivencia entre los miembros de una comunidad, máxime si tenemos en cuenta nuestras raíces plurietnicas como sociedad formoseña. En tal contexto, un conflicto como el desatado en inmediaciones del barrio Nanquom nos debe comprometer a todas las fuerzas políticas y sociales, intentar aportes para la solución de la problemática coyuntural.

“El año electoral que estamos viviendo no puede confundirse con la generación de un clima electoral de conflicto. Como parte del peronismo formoseño, que llevó al gobierno a nuestras autoridades constituidas estamos alertas ante tales niveles de conflictividad social. Creemos en que toda demanda contiene en su interior profundo alguna necesidad no resuelta, pero sabemos también que toda medida de intransigencia en un conflicto puede indudablemente anidar también motivaciones sectoriales mezquinas, que fogoneadas desde algunos picaros, perjudican la armonía y convivencia del conjunto.

“Los pueblos originarios siempre han sido y lo seguirán siendo pueblos hermanos, hijos de esta tierra, parte del patrimonio social y cultural de nuestra sociedad en sentido histórico; pero también fueron y serán artífices del destino común que como comunidad estamos obligados a contribuir se consolide.

“Nunca un conflicto sectorial, por mas legitimo que este sea, puede ser mas importante que la vida del conjunto. Y en esto, si que existe una responsabilidad central del Estado, quien debe garantizarnos a todos la vigencia plena de los derechos como individuos de una sociedad que se precia de moderna. Su rol indelegable se sintetizan en la función administrativa y la función coercitiva.

“No queremos ni un mártir más: ni un policía ni un originario. Abogamos porque el estado ejerza su función administrativa y lleve adelante acciones para encauzar este conflicto.

“Proponemos por ello que desde los diferente canales, esferas del estado, instituciones y poderes se dispongan mecanismos de persuasión indicando con comunicación oficial de la repartición publica que corresponda, a cada uno de los participantes del corte de la ruta 11, que será atribución del Estado desobligarse de suministrar y sostener el pago de planes sociales a quienes entorpezcan el normal transito y circulación de personas, bienes y servicios, en rutas.

“Queremos encontrar a los pueblos originarios como hermanos de un destino común y no como enemigos, pero debemos saber que todos, absolutamente todos los miembros de una comunidad debemos cumplir con las reglas de convivencia, por el bien de todos.

“Hermanos si, enemigos no”, concluye.