“Espero que antes de fin de año esta ley sea sancionada”. Ante un auditorio colmado de intendentes, legisladores, embajadores y especialistas internacionales, el Gobernador sinceró sus deseos. Fue durante el seminario sobre regionalización que se desarrolló en el hotel Sheraton de Capital Federal, a fines de abril. Envalentonado por la buena recepción de sus propuestas en la Legislatura, el mandatario se animó a pedir a Horacio González, titular de la Cámara baja, que hiciera “un nuevo milagro” y alcanzara el consenso necesario con el resto de los bloques para convertir en ley el proyecto de regionalización diseñado por Santiago Montoya.

Pero la iniciativa, que el titular de la fundación Banco Provincia acercó resumida

a los legisladores, en un “libro anaranjado”, no parece tener chances de salir del ámbito parlamentario, al menos este año.

Apenas iniciada la actividad legislativa, Montoya había arrimado la iniciativa a la Cámara de Diputados, que había fogoneado por los municipios durante buena parte de 2010. La propuesta, que contempla la conformación de entre ocho y doce regiones en la Provincia, con un coordinador en cada una de ellas, y una estructura especial en manos del Ejecutivo, fue de inmediato pregonada en varias jornadas y eventos organizados por el funcionario sciolista.

Pero esto no alcanzó para generar el nivel de aceptación necesario. Hasta comenzaron a escucharse “consejos” desde el propio sector oficialista.

El presidente de la comisión de Asuntos Agrarios, Darío Duretti, por ejemplo, reconoció que la propuesta resulta muy conveniente para “las regiones del interior” porque descentraliza la tarea administrativa, pero mostró dudas sobre varios puntos. “Se debe discutir un poco más el tema de la descentralización presupuestaria”, afirmó. “Y algo muy importante es que hay que darles mayor autonomía a los intendentes, en lugar de apuntar tanto a los jefes regionales o a un súper ministro regional; los intendentes deben tener más poder de decisión”, aseguró el hombre de Bragado.

En igual sintonía se mostró el diputado Franco Caviglia, integrante de la comisión de Legislación general, donde actualmente se discute la propuesta. El legislador consideró que “es una ley marco, no modifica nada, está por encima de todas las leyes, y aunque es una herramienta importante, hay que ver en los hechos cómo se va a compatibilizar, por ejemplo, la regionalización con la mayor autonomía que necesitan los municipios”. Para Caviglia, “es una buena idea que se maneje la Provincia por regiones, pero hay que ver en la realidad cómo se va a crear toda esa nueva estructura, cómo va a funcionar, cuáles van a ser los canales de comunicación con los municipios, cómo se va a implementar la distribución del presupuesto necesario en los territorios; son muchos temas que hay que determinar, y son fundamentales”.

En el bloque, si bien está la decisión de acatar lo que la mayoría decida, y convenga al gobierno, existen muchos interrogantes y dudas sobre la propuesta, que no aclara como será ejecutada. “Es una ley muy ambigua”, dicen algunos del FpV.

Desde los sectores de la oposición, que en la Cámara baja se reagrupan en seis bloques, se muestran más directos en su postura. Aunque reconocen la importancia de reordenar la estructura administrativa del territorio, se oponen a la regionalización esgrimida por Montoya.

Así lo indican los titulares de cada uno de los bloques (ver recuadros), y lo ratifican algunos de los demás integrantes. “Como está, tal cual la envió el gobierno, el bloque radical no la vota”, afirma el diputado de la UCR Juan José Cavallari, integrante de la comisión de Legislación general. “Es una iniciativa muy difusa, que plantea más interrogantes que certezas”, asegura.

Desde el sector de la Coalición Cívica, el diputado Abel Miguel se muestra igual de reacio. “Es un capricho electoralista de Scioli, que sólo busca centralizar aún más el poder, a través de los delegados regionales impuestos por su dedo”, expresa el ex intendente de Junín.

“Una división en regiones será la inauguración de pequeños feudos burocráticos”, manifiesta Mario Cura, parlamentario del Pro-Peronismo. El dirigente del sector felipista dice que “antes de dividir en regiones tiene que haber un plan. Debemos saber, por ejemplo, qué hacemos dentro de diez años con la economía de Tornquinst, o de Junín, o de Florencio Varela, y, además, cómo se integra todo esto en un proyecto conjunto. Luego, ver la factibilidad, las dificultades, y los resultados esperados, y nada de esto figura en el proyecto”.

Desde el GEN, Abel Buil retiene el voto favorable de su sector, al argumentar que la propuesta “concede muchas atribuciones al Ejecutivo”. Asegura que “la ley no puede determinar las regiones, eso tiene que ser por un proceso de trabajo en cada uno de los deliberantes, con la gente, con las entidades intermedias, en reuniones regionales, y no por un proyecto del gobierno”.

La idea del oficialismo es tratar la propuesta en las próximas sesiones, con despacho, como mínimo, de la comisión de Legislación general. La tarea se presenta compleja, ya que los diputados no oficialistas anticiparon su voto negativo.

Dependerá, entonces, de “un milagro”, como pidió Scioli; o de un cambio de parecer en algún legislador opositor, algo no imposible, pero sí muy cuestionable en un año electoral.