Si bien la Subsecretaría de (des) Información Pública y los medios oficiales no dedicaron siquiera un párrafo a la noticia, la Corte Suprema de Justicia dictó el pasado 21 de diciembre una medida cautelar que le dio un baldazo de agua fría a las intenciones de la Dirección General de Rentas, que pretendía efectivizar un reclamo a la petrolera ENAP SIPETROL por reliquidación de regalías.

La medida no sólo sienta un precedente judicial, sino que pone en evidencia las contradicciones entre la política y la técnica, cada vez más notorias dentro del gobierno.

Es que mientras en agosto de 2009 el ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, señalaba en una gacetilla oficial que impulsarían ante el gobierno nacional la modificación de la resolución 394 del Ministerio de Economía y la Disposición 1/08 de la Secretaría de Combustibles que regula el precio de corte del barril de petróleo como así los valores para la liquidación de regalías, por considerar que estas normas "modificaron la rentabilidad del sector petrolero que al no tener evolución provocó una incertidumbre en las empresas", de la sentencia dictada por la Corte Suprema surge que justamente fueron esas las normas tenidas en cuenta por la Dirección de Rentas provincial para intimar a la petrolera.

En ese momento, Korn consideraba que "las operadoras necesitan una respuesta clara para contar con un mayor margen de ganancias", algo que seguramente no habrá transmitido a la DGR, que esperaba obtener de SIPETROL la suma de $ 1.266.371,71 pesos.

La empresa de origen chileno, que en Argentina opera las concesiones de exploración y producción del Área Magallanes, el offshore de la Cuenca Austral y el bloque Área Pampa del Castillo, entre otros, logró con esta cautelar suspender toda la actuación que haya realizado la provincia hasta tanto se llegue al juicio principal.

Fallo de la Justicia Aqui