Durante muchos años, el sector de los refrescos ha mantenido un intenso pulso con las autoridades públicas para minimizar el impacto de la reducción, e incluso supresión, del consumo de azúcar. Medidas fiscales que difícilmente sirven para cambiar los hábitos de consumo y que en muchos casos han sido disposiciones de carácter recaudatorio, al abrigo de una corriente social cada vez más preocupada por su salud.

El azúcar no se debe criminalizar, ya que es un hidrato de carbono, y estos deben ser consumidos en su justa medida. Lo que sucede es que la sociedad europea es sobre consumidora y, en una gran proporción, la ingesta viene a través de los azúcares añadidos a los alimentos. De hecho, poco más del 2% de las calorías que consumen los españoles proceden de las bebidas refrescantes.

Esfuerzos del sector

Datos aparte, una vez constatado que se trata de una tendencia imparable, el sector ha redirigido sus esfuerzos a conseguir que, en poco más de tres años, al menos la mitad de su producción sea baja en calorías o sin calorías. Para ello ha sido necesaria una importante inversión I+D, que ha rondado los 350 millones de euros al año, habiendo lanzado anualmente alrededor de 200 nuevos productos. Además, no hay que ser la mujer del César sino parecerlo, por lo que han aumentado de forma voluntaria a 13 años, la norma europea que prohíbe la publicidad de estos productos a menores de 12.

Pero no todos los eslabones de esta cadena alimentaria tienen la misma capacidad para adaptarse. Es el caso de la industria azucarera, ya que una gran parte de los productores alimentarios están tratando de reducir los azúcares añadidos, con mayor o menor éxito y velocidad; o su proveedor natural, que son los remolacheros, ubicados mayoritariamente en Castilla y León, en menor medida en Andalucía y de forma más testimonial en La Rioja.