De acuerdo a la Ordenanza Ambiental a la obra le corresponde la categoría de Alto Impacto Ambiental y dos proyectos confrontaron ayer para revisar esa situación.

Uno, el que propuso el concejal Carlos Humberto Saravia, finalmente aprobado, que pide reformular el encuadre legal y que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, y por intermedio del área competente, proceda a realizar auditoría ambiental dentro de l os 30 días en los términos dispuestos por los artículos 25 in fine y 26 de la Ordenanza Nº 12.745(Ordenanza Ambiental) y a convocar a la Audiencia Pública Temática que establece el artículo 18 de la citada normativa en un plano no superior a los 15 días.

El otro proyecto del concejal Roque Rueda (PPS) proponía revocar los estudios para la categorización del Impacto Ambiental, revocar los permisos de obra, paralizando la actual ejecución y dar intervención al procurador General de la provincia. Rueda dijo que si se “tiene dinero y poder se hace lo que se quiere con los vecinos de la ciudad”.

Advirtió que no hablaba de cohecho, ni contra la inversión privada, ni contra Easy, sino a favor del principio de legalidad, porque las normas están para cumplirse y con esto le estamos dando una salida elegante a los funcionarios que ganaron tiempo en informar todo lo que le pedíamos desde el 29 de junio”.

Saravia en tanto dijo que había un riesgo grande con las familias que actualmente trabajan, no podemos revocar nada, no estamos en presencia de una nulidad manifiesta; hay que aceptar que no hay control municipal, pero es imposible producir la nulidad de una obra que se está ejecutando”.

En los considerandos del proyecto de Saravia se sostiene que “como consecuencia del error administrativo de un ex funcionario a cargo de la Subsecretaría de Ambiente, y encontrándose las obras en ejecución y sin que se haya determinado cuál es el perjuicio concreto derivado de la grave negligencia, corresponde buscar adecuado equilibrio entre el restablecimiento del imperio legal en materia ambiental y la preservación de los intereses empresariales comprometidos en la obra que, en caso de ser suspendida, podrían generar responsabilidades patrimoniales para el municipio ante la apariencia de legitimidad del acto administrativo que otorgó la certificación del impacto ambiental.”