Precisamente este vuelco disminuirá la perspectiva recaudatoria a la Provincia en forma significativa ya que en principios pensaba obtener unos 400 millones de pesos por el gravamen a la carga y descarga en los puertos, mientras que ahora deberá conformarse con ahorrar, en el mejor de los casos, unos 140 millones que antes destinaba a subsidiar a las terminales portuarias.

Concretamente se habría acordado que para los consorcios y las delegaciones públicas se elimine el impuesto previsto en la ley y éstos aporten a un fondo para infraestructura portuaria hasta un 30% de lo que produzcan. Las terminales recibirán dinero para obras de acuerdo a lo que tributen.

Si se implementa ese sistema la Provincia ya no subsidiaría más a los puertos públicos que en la pauta presupuestaria de este año significó un valor de alrededor de 300 millones de pesos. Pero igual deberá asistir en trabajos que tiene que ver con el funcionamiento de cada uno de ellos. De acuerdo a lo expresado por altas fuentes legislativas podrían estar recaudando unos 160 millones de pesos que serían reinvertidos en las terminales portuarias.

Con respecto a los puertos privados se mantiene la posibilidad de establecer el cobro de Ingresos Brutos a la carga y descarga de dos pesos por tonelada, aunque todavía no hay acuerdo total para llevar adelante este cambio. La semana próxima las partes volverán a reunirse luego de analizar distintas alternativas para ver si pueden llegar a un acuerdo total.

En lo que respecta al Impuesto Inmobiliario Rural la situación estaría prácticamente resuelta. Se dejará de lado el revalúo de 2005 y se tomará un nuevo revalúo actualizado.

En cuanto a los aumentos irán desde el 20 por ciento hasta el 35 como tope, de acuerdo a la productividad de las tierras, mientras que se mantendrá la exención para los municipios castigados por la sequía. Se mantendrá la división en cinco zonas (A, B, C, D y E) y se conservará la meta presupuestaria de 710 millones de pesos.