Será, ahora, el capítulo menos controvertido de aquel paquete: el que dispone que quienes se hayan jubilado con 30 años de aportes genuinos, sin moratoria, cobren el 82 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

No beneficia a los que se retiraron comprando uno o más años de aportes. En enero de 2018 el SMVM subió a 9.500 pesos, por lo que el haber garantizado se elevó a 7.790 pesos. Como la mínima está en 7.246,64, quienes cobren en unos días tendrán una suba de 543,36 pesos, que representa un ajuste del 7,49 por ciento.

En Córdoba, se trata de un universo de 125.198 personas.

Este ítem figurará en el recibo como “suplemento por movilidad” y beneficiará a 1,33 millones de jubilados “puros”, son el 47 por ciento de los que se retiraron sin comprar aportes y el 19 por ciento del universo total.

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Discusión abierta

Si bien esta mejora es nueva, las exclusiones “son contrarias al principio de igualdad ante la ley que marca la Constitución”, dice el previsionalista Jorge Gentile.

Este es, entonces, el primer eje de los tres que planteó la reforma de diciembre. El segundo es la posibilidad de que el trabajador decida seguir activo hasta los 70 años (será una extensión voluntaria de 10 años para la mujer y de cinco para el hombre) y el tercero y más controvertido, el cambio de la fórmula de movilidad, que ya no será por una fórmula que siga recaudación previsional y salarios en un 50 y 50, sino que será un Índice de Precios al Consumidor en un 70 por ciento y el 30 restante, salarios (según el Ripte, un indicador que elabora el Ministerio de Trabajo).

“Esto no se parece en nada a una reforma previsional, no toca el cálculo del haber inicial ni modifica nada respecto de las condiciones de jubilarse, es un parche más”, dice Melisa Marín, titular de la sala previsional del Colegio de Abogados de Córdoba.

“La reforma integral va a venir después”, dice en referencia al lapso de tres años que otorgó la Ley de Reparación Histórica para que se discuta una revisión integral del financiamiento del sistema.

Con esta perspectiva, 2018 aparece como un año incógnita. La primera gran duda es si el cambio de movilidad derivará en una catarata de juicios.

“Cuando veamos los pagos de marzo veremos el perjuicio económico a los jubilados, pero aplicar esta fórmula ya los genera”, dice Martín Simonian, asesor de la Federación de Centros de Jubilados. Es probable que haya que esperar un poco más incluso. “Hay cientos de fallos de la Corte Suprema que sostienen que el haber se tiene que mover en proporción a los salarios y si la inflación se aparta del movimiento de los salarios, seguro que habrá un montón de juicios”, agrega Marín.

Y señala una gran incoherencia: a los jubilados que han aceptado la Reparación Histórica, Anses les propuso un cálculo y movilidad de haber que ahora no es el mismo. “Hay que esperar la reglamentación, pero iríamos a una ejecución de acuerdo porque Anses estaría incumpliendo lo que acaba de firmar”, señala.

El previsionalista Fernando Viera comparte esa visión. “Es contradictorio esto con la intención de reducir la litigiosidad. Si bien muchos reclamos pueden no valer la pena, el mayor perjuicio se verá en el futuro, cuando la brecha entre los haberes de los activos sea cada vez mayor a la de los pasivos”, completa.

Si la reforma integral no atiende el principio de progresividad, no duda en que habrá nuevos reclamos judiciales, cuando la Reparación Histórica apostaba, justamente, a reducir la litigiosidad.