Reforma judicial a medias: el recorte que deja a los jueces sin escuela

Reforma judicial a medias: el recorte que deja a los jueces sin escuela

Uno de los puntos fuertes en la prometida reforma judicial atraviesa dificultades. La clave es la falta de una partida presupuestaria para avanzar en la implementación del curso para los magistrados.

En más de una oportunidad, desde ha-ce tiempo, la gobernadora María Eugenia Vidal manifestó públicamente que “hay que cambiar el proceso de selección de jueces” en la Provincia. En ese sentido, y como parte de la reforma judicial prometida por Cambiemos previo a ganar las elecciones de 2015, y reforzada a los seis meses de asumir en el poder, se anunció la creación de una Escuela de Jueces que modificaría la ya existente, y formaría parte de una reforma general que impactaría de lleno en la Justicia bonaerense.

Es decir, quien quiera ser juez en la Provincia, antes debería pasar obligatoriamente por la institución, y tener al día la práctica y la teoría. Inclusive, en algún momento, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, comparó el proyecto con las “residencias hospitalarias” que realizan los futuros profesionales de la salud en los últimos años de sus estudios universitarios.

Sin embargo, según pudo saber La Tecla, la modificación anunciada por el gobierno bonaerense no podrá formar parte del paquete que sueña Vidal. Es que la mesa de trabajo formada por el propio Ejecutivo provincial, con presencia de legisladores, del Consejo de la Magistratura, la asociación de magistrados, abogados y juristas, no puede avanzar en sus labores, paradójicamente, por la falta de una partida presupuestaria de parte del propio Ejecutivo.

Claro está que, para avanzar con la implementación de una nueva oferta académica, se debe mejorar el presupuesto que actualmente posee el Consejo de la Magistratura, para así llevar adelante las variables y generar nuevos cursos.

Si bien, desde el Consejo, Marcelo Valle (consejero titular en representación del Poder Judicial) prefirió poner paños fríos y recordar que, desde el Gobierno, “se comprometieron a dar el Presupuesto que sea necesario para avanzar”, lo cierto es que la ausencia del mismo perjudica incluso las proyecciones, y por eso hacen hincapié en que “se necesita un respaldo presupuestario”. En ese sentido, el mismo Valle explicó que, desde la mesa de trabajo, “no pudimos plantear cuánto necesitamos, porque no tenemos las proyecciones realizadas. No se trata sólo del presupuesto, hay que plantear la infraestructura virtual, los docentes, las matrículas, entre otras cosas”.

De esa manera, el representante del Poder Judicial en el Consejo señaló que “hay una preocupación” respecto al avance del tema, y remarcó que es necesaria su implementación. La Escuela la consideramos necesaria y obligatoria, todos los estamentos estuvimos de acuerdo”. La puesta en marcha está en discusión, tenemos que ver realmente en qué momento lo podemos hacer”, sentenció el hombre oriundo de Mercedes.

Cabe destacar que, desde la Provincia, se impulsan como modelos las labores del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Consejo de la Magistratura Nacional. Ante ello, como las comparaciones son odiosas, desde el ente bonaerense ponen el grito en el cielo y aseguran que “no existe la posibilidad de aplicar los sistemas que están haciendo otros Consejos de la Magistratura.

En ese marco, Valle sostuvo que, “en la Provincia, manejamos otro número de postulantes. Hay consejos que trabajan muy bien y que han logrado buenos resultados, pero no tienen la cantidad de aspirantes y de concursos que hay en la Provincia”. A su vez, sentenció que “aplicar la metodología de otros exitosos consejos es imposible; por eso, tenemos que buscarle la vuelta para poder seleccionar de mejor manera los jueces y, a la vez, poder mantener la calidad de la selección y de la Escuela Judicial.

Claro está que, anualmente, en Buenos Aires, se trabaja un promedio de 200 casos, número que está muy por encima del segundo, Córdoba, con 60 estudios anuales.

En la misma sintonía que Marcelo Valle se expresó la diputada bonaerense Lucía Portos, de Unidad Ciudadana, que ocupa uno de los puestos de consejero titular del organismo. “El Consejo es un órgano de la Constituciónque está completamente desfinanciado; por el cúmulo de trabajo que posee, no tiene un impacto presupuestario que alcance siquiera del 0,001 por ciento del presupuesto de la Provincia, disparó la pilarense.

Con dicho panorama, la puesta en marcha de la Escuela de Jueces obligatoria se dilata incluso más en el tiempo, y a la reforma judicial, si llega, le faltará una pata clave en su andamiaje. La decisión de no aumentar el presupuesto del Consejo de la Magistratura constituye el gran problema por el que los consejeros decidieron recortar el programa.

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