El Gobierno tiene decidido llevar al Congreso, antes de fin de año, los proyectos de reforma política, un paquete para modificar el Código Electoral Nacional y las normas que regulan a los partidos políticos y su financiamiento, que podría recalar en el Palacio Legislativo, en diciembre, con una convocatoria a sesiones extraordinarias. El núcleo de la propuesta apuesta a controlar la presentación de candidatos a presidente y vice con la obligación de que pasen primero por elecciones primarias y a impedir el financiamiento privado de los espacios publicitarios en radio y televisión, y está en estudio otro proyecto polémico: la creación de un ente autárquico para controlar los comicios, que desplace el rol que cumple el Ministerio del Interior.

El organismo que se analiza en tres despachos simultáneos –Jefatura de Gabinete, Interior y Dirección Nacional Electoral– tiene como nombre provisorio el de "Instituto Independiente Electoral", y en el oficialismo piensan en una estructura cuyos integrantes deban contar con ratificación legislativa para darle visos de transparencia. Como ejemplo del proyecto, mencionan el Instituto Federal Electoral (IFE) de México. "Cuando el sistema funciona y, sobre todo, si está fuera de la estructura del Poder Ejecutivo, no se le puede echar la culpa a nadie por el resultado". La frase, pronunciada ante Crítica de la Argentina por uno de los funcionarios que participan en la definición de los textos que se enviarán al Congreso, es una punta del interés que tiene el oficialismo. A través del Ministerio del Interior, el Gobierno se encarga de la distribución de boletas, la disposición de las urnas con el despliegue del material necesario para los comicios y, como tema central, la realización del escrutinio provisorio, que en los últimos años fue encargada a la empresa española INDRA. "Todos los años electorales, la oposición se encarga de deslizar sospechas sobre la transparencia del escrutinio. ¿Qué van a decir si se ocupa un instituto autárquico?", chicanean.