El ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo de la provincia, Gabriel Gastaminza, anunció ayer que la reforma de un artículo del Código Procesal Penal será enviado esta semana a la Legislatura neuquina.

El funcionario consideró que la iniciativa anunciada por el gobernador Jorge Sapag tiene por objetivo darle “más herramientas a los operadores judiciales para que se cumpla con la ley”.

“Las leyes deben estar al servicio de la gente, de la seguridad, de la calidad de vida y se harán las reformas que sean necesarias. Con esto se quiere colaborar, es una propuesta hacia los integrantes del Poder Legislativo para fortalecer el marco legal y proteger a la comunidad”, manifestó Gastaminza.

Agregó que el porcentaje de imputados que no son sometidos a derecho “es importante” y que en algunos casos la libertad del imputado durante el proceso “pone en riesgo la paz social”.

“Hemos visto que con la actual legislación no siempre se garantizan los fines del proceso. Necesitamos brindarles a los operadores judiciales herramientas para que se cumpla con la ley. Serán los diputados los que definan”, consideró el ministro.

Respuesta

Gastaminza dijo que la reforma “fue algo que se trabajó con la realidad de distintas áreas, siempre se aportan ideas de distintos lugares. Obedece a una respuesta rápida ante un pedido de la sociedad. Debemos desalentar la justicia por mano propia, la Policía debe garantizar la seguridad”.

“Hay numerosos casos de delitos que se podrían haber evitado si se tuvieran estas herramientas. Los tres poderes tenemos que trabajar en conjunto para garantizar la paz social”, concluyó.

Cambios

Durante la inauguración del período de sesiones legislativas, el gobernador Jorge Sapag propuso una nueva modificación que apunta a fortalecer la herramienta de la presión preventiva para delitos graves.

El proyecto que enviará a la Cámara consiste, según explicó Sapag, en darles más poder a los jueces. “Hay que ser más severos, no ser ultragarantistas”, apuntó en el discurso. Y dijo que la liberación de un imputado pone en riesgo “la paz social”, además de la integridad de la víctima, su familia y sus bienes.

Tiempos

Sapag expresó que ahora “los tiempos son ejecutivos y en nueve meses puede estar la condena” y que lo que buscará esta nueva reforma es que el imputado quede detenido hasta que el juez se expida.

En este sentido, el gobernador de la provincia dijo que hoy “la persona imputada se fuga con la libertad que se le da mientras dura el proceso y no llegamos al juicio”.