El Ejecutivo propone una empresa reestatizada a 90 por ciento y que sólo comparta partipación accionaria (en no más de 10 por ciento) con los trabajadores. Pero el Confe le está pidiendo que de alguna manera le abra la puerta a los privados. Así, en una nueva reunión que mantuvieron ayer en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), fue el senador Juan Carlos Jaliff quien propuso un cambio en la composición accionaria de Agua y Saneamientos Mendoza (Aysam), además de ratificar que la oposición no quiere participar en el directorio pero sí en el ente de control. El legislador sugirió que el Estado tenga 60 por ciento de las acciones Clase A, que 10 por ciento Clase B quede en poder de la propiedad participada –PP– (trabajadores) y el 30 por ciento restante, Clase C, también para el Estado, pero con la posibilidad de que se puedan transferir a terceros (privados).

El presidente y los directores de la empresa que se reestatizará el 27 de setiembre, para lo cual se necesita la ratificación legislativa, escucharon los pedidos pero no dieron respuesta. Quien se expresó respecto de las declaraciones fue el secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Fernando Simón. “El control societario del Estado no se negocia, y en eso hay acuerdo de todos”, aseguró. Según explicó, se podría colocar una cláusula para que ninguno de los empresarios que estuvieron al frente de Obras Sanitarias Mendoza pueda acceder a estas acciones. Esto ante el peligro de que quienes se queden con el control sean, precisamente, los mismos que hoy están siendo demandados por el Estado por inclumplir con las inversiones. La idea de la reunión de ayer fue avanzar en cuanto al estatuto de la nueva empresa de agua, el cual sería tratado en el recinto de sesiones de la Cámara Baja el 8, para que, posteriormente, el Senado haga lo propio en una sesión especial que aún no tiene fecha.

Además, explicó que sería necesario que la oposición integrara el directorio, a lo que los representantes de la UCR, el Confe y el PD dijeron que no, porque entienden que el Ejecutivo es quien debe gestionar y que su lugar debería quedar reservado al ente de control, al que pretende reforzar. El número de directores que debe tener la empresa también generó discrepancia, y esto porque mientras el Ejecutivo considera que deben ser 5, la oposición quiere sólo 4 del Estado y uno de la PP. A propósito, el radical Raúl Vicchi pidió que la designación de los integrantes del directorio cuente con la aprobación del Senado. Este punto también quedó en suspenso y sujeto a ser analizado. También se discutieron aspectos financieros de la empresa que serán profundizados el jueves a las 10 en una reunión de Hacienda y Presupuesto. Mientras que el 6 de setiembre se volverán a encontrar los legisladores con los miembros de Labor Parlamentaria de ambas cámaras para terminar de cerrar el despacho que llegará al recinto.