Re-reelección: intendentes del PJ reclaman celeridad a la Justicia

La Constitución provincial les impide otro mandato. Desde octubre piden a la Justicia la inconstitucionalidad del artículo que lo dispone. Cuestionan demoras y ante la proximidad de las internas reclaman celeridad.
Son trece los intendentes urribarristas que desde octubre viene reclamando la inconstitucionalidad del artículo de la Constitución provincial, que impide su tercer mandato. Pero los tiempos electorales se aceleran, las internas se acercan y, ante la falta de definiciones, reclaman celeridad a la Justicia.

Su representante legal, Nelson Schlotaüer, expresó el malestar de los jefes comunales en diálogo con radio f5: “estamos con una acción judicial en tiempos electorales que nos apremian, fue iniciada en octubre del año pasado y tenemos razones para entender que tranquilamente se podría resolver durante el mes de marzo, tal vez los primeros días de abril sin ir más lejos y sin embargo nos encontramos con que la acción está demorada en una oficina desde el 10 de febrero”. “Sería bueno que los tribunales se expidan en tiempos razonables”, aseveró.

Si bien consideró “jurídicamente viable” la posibilidad de que se declare inconstitucional el párrafo del artículo 234 que impide la reelección y la cláusula transitoria 291, que aplica la prohibición expresamente a los intendentes cuyo mandato vence en 2011, Schlotauer moderó su optimismo afirmando que “no me sorprendería que nos rechacen el planteo”.

Sin “atención especial”

El abogado interpretó que la demora es una muestra de que su la identidad política de los jefes municipales en conflictos no les brindaría ningún tipo de beneficio en relación con su petición y consideró que ha habido “muchísimas especulaciones políticas” al respecto. “Uno puede pensar que una acción judicial que se ha llevado adelante por 13 intendentes claramente oficialistas hubiera tenido un apoyo político importante de parte de quienes conducen los destinos de la provincia”.

Sin embargo, Schlotauer sostuvo que “no he visto ninguna atención especial para este caso” y recordó: “incluso la misma Fiscalía de Estado salió a contestar, negando la procedencia de la acción, escudándose básicamente en su rol institucional respecto a que debía salvaguardar la legalidad de la norma. Más que por convicción por una cuestión de deber institucional”.

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