-Sergio Busso, Oscar González y Carlos Gutiérrez- provocó reacciones encontradas en los bloques opositores de la Legislatura. La iniciativa ya provoca escozor entre los gremialistas, que hoy se reúnen en un plenario conjunto de la CGT Regional Córdoba y la CGT Rodríguez Peña Nacional y Popular. En tanto, constitucionalistas consultados por este diario abrieron un signo de interrogación sobre la viabilidad constitucional del proyecto, sobre el que evitaron hablar oficialmente porque aún no habían leído el texto enviado a la Unicameral.

Según trascendió, UPC impulsa la regulación del derecho de huelga en caso de servicios básicos como la seguridad, la salud, educación, recolección de residuos, transporte y energía. También se limitaría el derecho a legisladores, jueces y autoridades, algo que llama la atención y abre un signo de interrogación sobre el objetivo. La normativa prevé arresto para quienes violen la disposición o en caso de huelgas no debidamente preanunciadas.

Por el lado legislativo, la polémica está servida y se esperan fuertes cruces en el recinto.

Por el lado de la Unión Cívica Radical, el legislador Luis Brouwer de Koning se mostró a favor de debatir el tema, “si es que no se limita el derecho de huelga contemplado en la Constitución Nacional”. “Es un tema que hay que discutir, porque no se puede dejar sin transporte a la población, por ejemplo, o sin servicios de salud”, señaló el dirigente de Río Tercero. Brouwer de Koning recordó que en 2013, “no hubo servicios de salud el 30 por ciento de los días hábiles, por huelgas, paros o asambleas”, cómputo que abarcó los servicios municipales y provinciales. “Hay que discutirlo, hay que dar el debate. Es necesario que haya guardias mínimas en transporte y salud al menos, porque ha sucedido que hasta las cirugías de urgencia se han suspendido por medidas de fuerza”, aseguró el radical.

El legislador admitió que la sanción de un ley que limite el derecho de huelga en servicios esenciales sería funcional a los intereses de la Municipalidad, sobre todo en relación al transporte, donde los paros sorpresivos de la UTA provoca fuertes malestares en los usuarios, que suele volcarse en contra de la gestión de la ciudad. De hecho, el diputado nacional Diego Mestre presentó en la Cámara baja un proyecto con el mismo espíritu, que apunta a declarar “esenciales” servicios como los sanitarios y hospitalarios, el servicio público de transporte, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas; el control del tráfico aéreo y la seguridad. Según el hermano del intendente, la limitación al derecho de huelga es competencia del Congreso y no de la Legislatura provincial.

En el caso del Frente Cívico, la jefa del bloque, Liliana Montero, se mostró cauta frente a un proyecto que no conoce, pero dijo que “este tipo de iniciativas necesitan consenso y mucha discusión” y se mostró preocupada porque los autores hayan presentado la propuesta “sin haber intercambiado una sola idea con nadie, ni siquiera con su bloque”. “Lo que tengo claro es que González, Busso y Gutiérrez no han hecho nada sin el conocimiento de (el gobernador José Manuel) De la Sota”, afirmó. Como se recuerda, semanas atrás, el propio mandatario se había comprometido ante la CGT a no impulsar una inicia que limitara el derecho de huelga.

Montero aclaró que prima facie, rechaza la posible punición con días de arresto para quienes impulsen medidas de fuerza fuera del marco de esta nueva ley.

“Es inadmisible que se piense en meter preso a alguien por un paro”, reflexionó la dirigente del Frente Cívico. Con respecto a la idea misma de “servicios esenciales”, opinó que sería difícil establecer que es “servicio esencial” en educación, por ejemplo. “Creo que sí hay que ver cómo se compatibiliza el derecho de huelga con los derechos que tienen los ciudadanos, pero esto es un tema que necesita mucho debate y mucho consenso”, finalizó.

Potestades

Por otra parte, un reconocido constitucionalista que se excusó de aparecer en esta nota porque no conoce el texto “más que por los medios”, planteó que si bien en materia del derecho del trabajo es la Nación o el Congreso nacional quienes tienen potestad, hay ámbitos del mismo, como el poder de Policía en materia laboral, que puede quedar en manos de las provincias.

“En principio, la facultad sobre los derechos de fondo, y el derecho a la huelga lo es, es nacional, pero hay aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo que quedan en manos de la Provincia”, explicó. Ése es un punto. Otra cuestión es si, dentro de lo que tiene permitido la provincia legislar, se garantiza o no los derechos avalados por la Constitución Nacional.

Un tercer aspecto, muy discutido, es la definición de “servicios esenciales”. “Si la definición es demasiado abarcativa, puede hacer desaparecer el derecho de huelga”, advirtió y consideró necesario establecer un “equilibrio” entre el derecho y el abuso del derecho de huelga.