El Gobierno busca avanzar con sus planes de "modernización" de la Justicia provincial, por lo que busca resolver, junto con el Poder Judicial, una de las mayores falencias que presenta el sistema de seguridad local: la tecnología y, por ende, el crecimiento del ciberdelito. Lo que se pretende, desde el Estado, es subsanar las fallas en las investigaciones policiales y judiciales a causa de los procedimientos obsoletos y el atraso tecnológico, para investigar delitos que requieren el uso de estas herramientas.

Por eso las autoridades provinciales, encabezadas por el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, recibieron a representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Ministerio de Justicia de la Nación para la realización de un Taller de Ciberdelito, llevado a cabo en un coqueto hotel céntrico, a cargo de la Subsecretaría de Política Criminal nacional. En el mismo, que se desarrolla en dos ornadas, estuvo presidido por Rodolfo Orjales, de la Sección Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia de Estados Unidos y asesor de la Organización de Estados Latinoamericanos (OEA); Juan José Benítez, Jefe de Gabinete de la subsecretaría; y el propio Garay.

En el evento de apertura participaron jueces, fiscales e investigadores de toda la provincia. Para no faltar a la cita, dieron su asistencia los fiscales de Delitos Complejos Claudia Ríos, Santiago Garay y Juan Manuel Bancalari, además del flamante Procurador General Alejandro Gullé, quien pocas horas antes había sido ratificado por el Senado.

En conversación con MDZ, Garay indicó que la necesidad de contar con este tipo de capacitaciones obedece a "la velocidad" con la que se expande el ciberdelito, y la impericia de "contar con nuevos moldes para combatirlo, no solamente en la forma de fondo, es decir, el Código Penal, sino también en la forma de pensar de quienes juzgan e investigan". "No solo hablamos de delitos cibernéticos, sino también de la posibilidad de empezar a investigar aquellos mecanismos informáticos como medios para cometer otros delitos", añadió.

Así, el ministro reconoció las graves falencias que existen a la hora de lidiar con las nuevas formas tecnológicas de cometer ciberdelitos u otro tipo de ilícitos: "Lamentablemente, por falta de tecnología y conocimientos, nuestros investigadores (policías y fiscales) no tienen las herramientas para investigar a fondo ese tipo de delitos o, cuando lo hacen, muchas veces se contamina la prueba. lo que implica que los jueces no puedan valorarla para dictar sentencia". 

Puso como ejemplo, respecto a las fallas tecnológicas, lo que sucede con los registros de reincidencia: "Mendoza todavía toma huellas digitales en sus fiscalías con el sistema antiguo y manda a pedir el certificado de reincidencia vía papel, lo que implica demoras en el proceso y en la resolución de la situación procesal del sujeto". Esto podría agilizarse con la instalación de lectores de huellas digitales en las dependencias judiciales, por lo que "podríamos tener el certificado en no menos de 5 horas y avanzar en la investigación". 

Sumando otras medidas de relativa importancia, como el prometido nuevo banco de ADN y la modernización de las herramientas para la Policía, como patrulleros, Garay enfatizó en que "todo implica, en su gran mayoría, dotarnos de presupuesto y, dentro de la crisis que tenemos, estamos intentando dirigir ese tipo de recursos a la investigación y prevención". Además incluyó el nuevo proyecto de ley para modificar el Ministerio Público Fiscal, "por el cual pedimos que se le dé autarquía para que pueda manejar sus recursos".

Pareciera que solamente el delincuente puede contar con estas herramientas para delinquir, cuando en realidad estas herramientas pueden servir para que los poderes del Estado puedan dar más seguridad a los ciudadanos".COMPARTILOCompartiloTwittealo

Respecto a los gatos que requiere este tipo de innovaciones, Garay señaló que "algunas son pequeñas inversiones, como los lectores de huellas, que están entre 10.000 y 15.000 pesos; otras son grandes, como el banco de ADN, que necesita más de 20 millones de pesos. De todos modos, destacó que "lo importante es poder prever una inversión fuerte donde sea necesario, y donde no lo sea, ser ingenioso".

Por su parte, Orjales explicó a MDZ el alcance que se busca con este taller: "El objetivo es que los jueces entienda lo básico sobre la tecnología, pero no para que se conviertan en expertos, sino que puedan evaluar la evidencia electrónica que necesiten cuando llegue el momento de presentarse en un caso". Entere algunos de los temas a tratar, están los alcances legales del combate al ciberdelito, el balance entre privacidad y seguridad y la obtención de información desde los Estados Unidos (como Facebook o Google), tanto en casos de delitos tecnológicos como otros ilícitos, entre otros.

Para el funcionario estadounidense, nuestro país está mostrando avances respecto al uso de la tecnología en las investigaciones, como la creación de fiscalías especializadas en delitos informáticos, los proyectos para modificar leyes existentes que están desactualizadas, la adhesión a la Red 24/7 (donde participan más de 70 países) y la invitación para sumarse al Convenio de Budapest, para combatir la delincuencia, creado hace 15 años por el Consejo de Europa.

Consultado sobre el debate internacional respecto a la utilización de datos personales por parte de los gobiernos, Orjales dejó muy en claro su postura: "Los datos personales son la responsabilidad de los individuos. Por un lado, tienen el miedo que los gobiernos estén invadiendo su privacidad sin darse cuenta qué es los gobiernos están buscando. Al mismo tiempo, estos individuos están dispuestos a compartir toda su vida personal en las redes sociales". 

"Es importante respetar la privacidad de los ciudadanos, pero no podemos olvidarnos de la necesidad de las autoridades cuando es momento de protegernos, de evitar que nuestros hijos sean víctimas de delitos, de asegurar que la pornografía infantil no se distribuya y que delincuentes no se puedan robar nuestra identidad. Las autoridades del orden público necesitan las herramientas para poder proteger a los ciudadanos de ese tipo de delincuencia", concluyó.