"Fundamentalmente lo que hay que aclarar es que hoy, el sistema, llamémosle no formal, de la comercialización de dinero en el país no está regulado, sólo está regulado hoy en cuanto a lo que son las entidades oficiales, por el Banco Central de la República Argentina, que establece determinados topes, que otro tipo de actividad de venta de dinero o de comercialización a través de préstamos personales, o mutuales, no tienen regulación de intereses, pero lo que más cuidado tiene que tener la sociedad al momento de acudir a éstos, es ver qué respaldo hay atrás, qué es lo que firma, para no endeudarse en una capacidad de pago que después no puede cumplir" significó el arquitecto Edgar Pérez, subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario de la provincia.

Sobre si hay asesoramiento en la subsecretaría sobre estos temas, dijo "de hecho que sí, si tiene que haber un compromiso escrito, quien acude a estos servicios, a contratar esto, debe exigir, deben estar establecidas las condiciones, la forma de devolver el dinero, los intereses, y no firmar pagarés en blanco que de hecho si bien está penado por la ley, es una práctica habitual, que no todo el mundo denuncia, con el ansia de hacerse rápido de dinero en forma fácil, a veces caemos en este tipo de engaños que después son muy difíciles de remontar, y que generalmente terminan en la ejecución de los pagarés, o el embargo de los salarios, lo que siempre aconsejamos es que antes de contratar, antes de firmar nada, se acerque y se asesore, nadie está obligado a firmar un documento en blanco, es más, que lo denuncie a este tipo de práctica para que podamos intervenir y también dar intervención a la justicia" finalizó.

Caso testigo

Un caso testigo, es el de un abogado sanjuanino que hace poco fue procesado por la justicia de esa provincia, acusado de engañar y querer sacar más dinero de la cuenta a una docente a la que le dio un préstamo por 2.000 pesos y terminó exigiéndole que devolviera más de 11.000 pesos y hasta le embargó el sueldo.

Los delitos que le imputaron al letrado fueron el de suscripción engañosa de documento y usura. El abogado en cuestión supuestamente actuaba como prestamista, siendo que no estaba inscripto en la AFIP para esa actividad, y ofrecía préstamos personales a través de una revista de clasificados, dando el domicilio de su oficina y su teléfono, según se desprende de la causa judicial.

El juez Leopoldo Zavalla Pringles, procesó al abogado por supuesta suscripción engañosa de documento y usura en concurso real. Como son delitos excarcelables, el letrado nunca fue detenido.

El caso se remonta a abril del 2006. En aquel entonces, una docente de inglés se contactó con el abogado a través de los avisos publicitarios y le pidió un préstamo de 3.000 pesos.

Según declaró la mujer, el abogado la obligó a hacer un depósito de 300 pesos (como garantía) en un banco, luego le entregó 2.000 pesos y le hizo firmar un papel que creyó era el recibo por el dinero.

La mujer reconoció que, con el apuro y su buena fe, jamás leyó el documento, de acuerdo al expediente. Supuestamente, el abogado le prometió que los 1.000 restantes se los daría la próxima semana.