Durante el día de hoy serán notificados de la sentencia del Juzgado Federal de San Rafael tanto el poder Ejecutivo como el Enargas, mientras que la empresa proveedora ya fue notificada el viernes. Es de destacar que desde la Asociación de Defensa de los Derechos del Consumidor Protectora, que inició la demanda y logró el fallo favorable, recomiendan a los sanrafaelinos que recibieron su factura que no la abonen hasta no recibir la correcta, es decir la que no contiene los aumentos de precio. Aquellos que la recibieron y ya abonaron, deberán esperar a que se decida el modo en que la empresa devolverá los importes cobrados demás, aunque se descuenta que será a través de notas de débito. Debe decirse que en el fallo dictado en Mendoza por el mismo tema en el Juzgado Federal 2, se resolvió “instar a los representantes legales de Protectora Asociación Defensa del Consumidor a realizar todos los actos útiles tendientes a informar y guiar a los usuarios y consumidores de Mendoza en la instrumentación de los reclamos administrativos necesarios para la eximición prevista en el Anexo IV de la Resolución 2847/2014.” Es decir que la recomendación de no pagar está avalada por la sentencia.

Por otra parte, José Luis Ramón, abogado patrocinante que presentó el amparo, explicó a Diario San Rafael que el viernes vencerá el plazo procesal para que la empresa pueda apelar ante la Cámara. Por una cuestión de plazos y tiempos de decisión de la justicia, además de la proximidad de la feria judicial, está claro que todo el invierno y probablemente también la primavera pasen sin que se puedan aplicar los aumentos ordenados por el Ministerio de Planificación Federal.

En ámbitos judiciales descuentan que la Cámara de Apelaciones será sometida a un fuerte lobby por parte de sectores económicos y también políticos, teniendo en cuenta la magnitud de las cifras en juego. 

El fallo del juez federal Puigdéngolas fue calificado como impecable y, según se sostiene desde la asociación, los argumentos son tan fuertes que cualquier fallo que lo de vuelta en la instancia de apelación debería ser muy rebuscado. Los elementos que le dan fortaleza son la invocación al artículo 42 de la Constitución Nacional y el hecho de que, antes de decretar el aumento tarifario, no se cumplió con el requisito ineludible de la audiencia pública.