Los reiterados incrementos en las facturas de los servicios públicos esenciales han generado una ola de presentaciones judiciales por parte de usuarios a los que se les hace muy difícil abonar facturas de hasta 3700 pesos como las que le están llegando a clientes de Litoral Gas en San Nicolás. En la delegación local de Defensoría del Pueblo no sólo asesoran a los usuarios sobre el derrotero  a seguir para quienes opten iniciar un proceso legal de reclamo, sino que también advierten de la necesidad de gestionar el beneficio de Tarifa Social para quienes tienen ingresos por debajo de dos salarios mínimos. 

“Hay muchos casos en los que el entrecruzamiento de datos excluye a una persona de la Tarifa Social porque tal vez tenga un auto de un modelo superior al que admite el sistema, mientras sus ingresos netos no superan los dos salarios mínimos. Por eso es muy importante que la gente se acerque a nuestra oficina para iniciar la gestión personalizada”, explica Lucas González, quien se encuentra al frente de la delegación local de la Defensoría del Pueblo. En el mismo sentido de lo que relata González

Diario Clarín publicó la semana pasada que la tarifa social no llega a 7 de cada 10 usuarios que tendrían derecho a solicitar el beneficio en los servicios de energía eléctrica y gas. El dato surgió de un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo provincial junto a la Universidad Católica Argentina (UCA) que indica que el segmento de la población con ingresos que apenas cubren la canasta básica y que perciben algún programa social, el 66,8% está excluido de la tarifa social.

Entre las causas del no acceso a la tarifa de sectores vulnerables están la imposibilidad de demostrar bajo qué condiciones ocupan una vivienda -falta de documentos como escrituras o contrato de alquiler- los ingresos informales, falta de información de los usuarios y hasta trabas burocráticas que ponen las empresas a la hora de finalizar el trámite.

“La recomendación a la gente que se acerque a nosotros para que veamos si le corresponde el beneficio que hoy se les está negando”, avisó González. Vale aclarar que la gestión la puede realizar únicamente el titular del servicio. La delegación local de la Defensoría funciona en Almafuerte 118, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00. El teléfono de contacto es 4489270.

La Defensoría se comunica con el Ministerio de Energía (0800-333-2182) y genera un número de reclamo para cada usuario que solicita ser ingresado a la tarifa social. “Hay varios escenarios diferentes por los cuales se puede excluir del beneficio a una persona o familia que debiera percibirlo”, completó González.