La pulseada electoral tendrá su desenlace en la Justicia. Mientras que desde la oposición aguardan atentos por una resolución de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo sobre los pedidos de nulidad de las elecciones, desde el Frente para la Victoria analizan la posibilidad de adoptar varias medidas para no esperar un fallo que posiblemente resulte desfavorable.

“La situación existente de haber terminado el escrutinio definitivo, donde el FPV obtuvo un triunfo contundente, pero en donde una medida cautelar evita la proclamación de los candidatos, es una situación atípica y sin antecedentes. Esta situación excede lo político y por eso decidimos intervenir en este proceso judicial”, expresó Marcelo Caponio, apoderado del Partido Justicialista durante una conferencia de prensa.

Para contrarrestar el trámite legal que se debate en el tribunal de lo Contencioso Administrativo, el oficialismo consultó a los abogados constitucionalistas Eduardo Barcesat y Francisco Cholvis (ambos profesores en la Universidad de Buenos Aires y especialistas en Derecho Constitucional), quienes tras analizar la situación recomendaron, entre otras cosas, solicitar un “Per Saltum” y denunciar por sedición a jueces, candidatos y apoderados del ApB, por considerar que la judicialización de los comicios daña la expresión de soberanía del pueblo de Tucumán.

“El 8 de septiembre se dictó una medida cautelar que trasgrede los límites del discurso normativo y que además es autocontradictoria porque un juez no puede disponer proseguir con el recuento de votos y en las misma resolución prohibir que se proclamen los candidatos electos”, expresó Eduardo Barcesat.

Para el letrado, la medida cautelar hace peligrar el Principio de Soberanía del Pueblo de la Nación Argentina comprendido en la Constitución Nacional: “vemos en esta medida una afectación del principio de resguardo del deber de obediencia de la Soberanía comprendida en la Constitución Nacional y cuya expresión más genuina es participar en la elección de sus representantes”; por lo cual a su entender, tanto jueces, como apoderados y referentes del ApB “están obrando con un tufillo sedicioso”.

“Impedir que la JEP ejerza sus funciones configura según el Código Penal una hipótesis de sedición. Por lo tanto, a aquellos que les pese el resultado del escrutinio definitivo, que desconocen los guarismos, y que van a pretender proseguir en una acción judicial inoficiosa, están cometiendo una conducta que lesiona la supremacía de la constitución”, agregó.

Por su parte, para su par Francisco Cholvis, no cabe otra resolución que levantar necesariamente e inmediatamente la medida cautelar. Para él, el proceso que se lleva adelante en lo Contencioso Administrativo es resultado de un claro intento de descalificación del voto popular. “Se ha tratado de posicionar a Tucumán como objeto de compra y venta de voluntades. Esto remite a un principio de que el voto calificado es el que vale y no el del pueblo (…). Tienen una actitud aristocrática y elitista que pretende dar una minusvalía al voto popular, ese es realmente el fondo de la cuestión”, sostuvo.

“Debemos darle eficacia al voto del pueblo, lo que se está discutiendo aquí es la soberanía popular. No se pueden tomar actitudes que minimicen el voto del trabajador por una cuestión de escala social (...). Estas actitudes -la judicialización de la política- marginan y asumen incumbencias que no están en el marco propio de la Justicia y ponen en peligro el principio de soberanía de los pueblos”, agregó.  

La decisión la debe tomar el Frente para la Victoria. Esta tarde el apoderado del partido se reunirá con sus pares para definir las acciones a seguir.