Recomiendan que se consulte a otros sectores de la comunidad

El abogado Marcelo Hertzriken Velasco opinó sobre el proyecto que ingresó a la Legislatura neuquina y, si bien se mostró a favor de la iniciativa, pidió que se abra la discusión.
El proyecto prevé cambiar al sistema acusatorio, que agilizaría los plazos y permitiría procesos más rápidos.

Neuquén > El abogado penalista Marcelo Hertzriken Velasco, quien es además integrante de la Asociación de Lucha contra la Impunidad de Neuquén y de Río Negro, se mostró a favor del proyecto de reforma del Código Procesal Penal que comenzó a analizar por estos días la Legislatura neuquina, ya que, al intentar cambiar a un sistema judicial acusatorio, se lograría un avance sustancial en varios aspectos que hacen al actual servicio de justicia.

No obstante, el letrado –que ha desarrollado funciones en el Poder Judicial Federal en Buenos Aires, en Neuquén y en Río Negro y en la Justicia ordinaria neuquina- explicó que en el debate que se realice de todo el proceso de reforma es necesario dar mayor participación a distintos sectores de la comunidad, para lo cual citó, por caso, el hecho de que instituciones como la organización de víctimas de hechos violentos a la que representa no hayan sido consultadas.

El proyecto que ingresó días atrás a la Legislatura intenta avanzar en la instrumentación del sistema penal acusatorio que, entre otros aspectos, prevé la investigación a cargo del fiscal, la figura del juez de garantías, una mayor participación de la parte querellante, una reducción de las acciones en el proceso y, como punto destacado, la puesta en marcha del juicio por jurados formado por cualquier persona en condiciones de actuar como jurado.

Hertzriken Velasco explicó que es necesario que se abra el debate tendiente no sólo a cambiar del actual sistema penal inquisitivo a uno acusatorio, sino a mejorar el servicio de justicia para todos los usuarios y las partes que intervienen en un proceso.

“Si bien comparto la idea de cambiar al sistema acusatorio (del modelo anglosajón), en primer lugar me preocupa si no se va a llamar o consultar a otros sectores de la comunidad, en concreto, a organizaciones que reúnen como en el caso nuestro, a familiares del dolor”, indicó el letrado.

Sostuvo que la iniciativa permitiría, entre otras ventajas, un mayor acceso a la información en lo referido a la querella o familiares de las víctimas, colocándolos así en paridad con la fiscalía y la defensa.

“Hoy por hoy, acceder a un expediente depende del buen humor del juez y de sus delegados. Muchas veces advertimos decisiones judiciales acertadas y fundadas que no son bien comunicadas y que generan una mala predisposición de las víctimas al no hacerse de la información”, indicó.

“Comparto, entre muchas figuras del sistema acusatorio, el referido al juicio por jurados, el del sistema anglosajón. Me parece un buen recurso el poder darle sentido común a las decisiones judiciales; hablo de sentido común y percepción a un jurado y que, actualmente, los cargos vitalicios de la magistratura hacen perder”, sostuvo.

Relató en 2007, junto a su colega Silvia Contrafatto, realizó desde el Colegio de Abogados de Neuquén la jornada en la que se invitó al máximo especialista en juicios por jurados del país, el profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Edmundo Hendler para disertar sobre este aspecto. Y agregó que ya en 2004 presentó un proyecto en la Legislatura neuquina para la implementación del sistema de juicios por jurados, tomando como base el proyecto presentado por el senador neuquino Jorge Solana en los ’90.

Algunas ventajas

En cuanto a algunos de los puntos que conlleva el sistema penal acusatorio, Hertzriken Velasco comentó que ese sistema permite reducir en forma sustancial los plazos, ya que, por ejemplo, todo se resuelve en audiencia y se depende menos del sumario o expediente escrito. La instrucción es llevada adelante por el fiscal y el proceso penal se ve reducido siendo, en el nuevo sistema, el juicio oral la etapa más importante. Dijo además que en el sistema acusatorio no se repiten etapas (declaraciones testimoniales e indagatorias y otras medidas) y cuando se llega a la instancia de plenario, se exponen todas las pruebas, y es allí donde cada parte -fiscal, defensa, querella, juez y el jurado- deben analizar cada uno de los aspectos allí expuestos.

Propuestas

El abogado se refirió a muchos delitos que son investigados y otros que, como la compra de insumos y alimentos por parte del Estado a precios más elevados que en el mercado y otro tipo de hechos de proveedores asociados al poder, suelen quedar impunes.

Sobre estos dos extremos, el letrado agregó que a veces se investigan hechos delictivos que comete un sector de la sociedad y no otros que también tienen efectos devastadores. “Estos males que uno ve cuando recorre los pasillos de los tribunales, en modo alguno serían remediados con un nuevo código nuevo y llave en mano”, explicó.

Sostuvo que “el código es un aspecto instrumental y si los operadores no comparten los lineamientos, se van a encargar de desnaturizarlo”.

“Por momentos soy escéptico a la venta de códigos (penales) llave en mano, donde el know how (contenido) lo venden algunos asalariados cercanos al poder y donde el resto de la sociedad padece el experimento de laboratorio sin poder participar de la discusión o el debate”, dijo el abogado. En concreto, el letrado se refirió así a la necesidad de que cualquier reforma del código procesal penal o, del sistema judicial tiene que incluir a distintos sectores de la sociedad, no sólo entre abogados y funcionarios, sino también teniendo en cuenta al usuario del servicio de justicia, como así también a académicos, universidades y organizaciones no gubernamentales.

“La mirada debe estar puesta en los usuarios del Poder Judicial”. Como ejemplo citó un aspecto quizás menor a simple vista pero que hace a una imagen que se ve a diario en los juzgados y que tiene que ver, por caso, con las situaciones de infraestructura física, el espacio reducido para las personas que acuden a la justicia, la falta o el acceso no tan fácil a los sanitarios, la falta de un sector de información al público hacia donde debe dirigirse entre otras falencias. “Atender esto también es pensar en un mejor servicio de justicia”, agregó.

El abogado indicó que la Asociación de Lucha contra la Impunidad de Neuquén y de Río Negro tiene sede en Cipolletti, en Irigoyen 379-PB, local 13, y en Neuquén en Leloir 261-2º piso, oficina G7.

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