Los bloques del Frente de la Gente y la Coalición Cívica aseguran que la empresa mixta no demostró cuánto crecieron sus gastos. “Por lo tanto, la cifra que se está analizando es arbitraria”, señaló Scoppa.
Eduardo Scoppa, concejal de la Coalición Cívica, manifestó que el expediente legislativo en el que los empresarios piden un ajuste por mayores costos tiene sólo una página.
“Es ilegal porque no presentaron ningún informe técnico que cuantifique exactamente el monto de los mayores costos. Esto ha sido reconocido por el propio secretario de Gobierno de la Municipalidad (Claudio Miranda).
No se le puede dar un cheque en blanco ni al Ejecutivo ni a la empresa para que en base a números ficticios obliguen a los riocuartenses a pagar varios millones de pesos”, manifestó Scoppa en conferencia de prensa.
La empresa mixta Gamsur cobra poco más de 1 millón de pesos mensuales por el servicio de recolección de residuos. Esa cifra está establecida desde 2005. Actualmente, la firma está negociando que el Municipio reconozca el impacto que la inflación ha tenido en los costos de funcionamiento.
El oficialismo pretende reconocer una cifra mensual de 1.650.000 pesos. Estaba previsto que ayer se votara el proyecto de actualización de la tarifa para 2008 pero el oficialismo no consiguió el consenso necesario para la aprobación.
Paralelamente, el gobierno municipal sigue negociando con los socios privados de Gamsur para llegar a una cifra que, por un lado, no sobrepasa las posibilidades del Estado y, por el otro, haga viable el funcionamiento de la empresa. Según sostienen los socios, la mixta está pagando 1 millón de pesos en sueldos; es decir, destina al personal el canon completo y no le queda margen para cumplir con los proveedores. Ni que hablar de ganancias, aseguran.
Sin embargo, los bloques de la Coalición Cívica y el Frente de la Gente aseguran que hay irregularidades y que la empresa no ha dejado certificada esa mala situación de la que habla. “Todo el mundo supone que sufren mayores costos pero ellos tienen que demostrarlo con cifras, facturas, pruebas concretas”, dijo Scoppa.
Y citó el artículo 26 de la ordenanza 668/01, que regula la relación con Gamsur: “Se considera que existe desequilibrio económico cuando se demuestra fehacientemente, con evidencias de dominio público, la no cobertura de costos por parte de la empresa prestataria con relación al precio del contrato”.
Además, los bloques que firmaron el informe crítico señalan que la empresa está funcionando de manera irregular. “A solicitud de los concejales Enrique Novo y Eduardo Scoppa, la Dirección de Inspecciones de Personas Jurídicas informó que aún no se ha concretado la fusión respectiva entre Gamsur y Semiusur. Ante esta situación tenemos como consecuencia que la empresa Semiusur no cumplimenta los requisitos legales y sustanciales de una empresa”.

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