Las personas que habitan las cárceles entrerrianas tienen una historia educativa marcada por la exclusión y por la expulsión escolar. De acuerdo a cifras proporcionadas por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, solamente cuatro internos cuentan con estudios universitarios en una población que supera los 1.000 reclusos, aunque su recorrido académico se dio en forma previa a la detención.

La población penal en la provincia de Entre Ríos cuenta con 1.190 internos, distribuidos en nueve unidades carcelarias, cuya mayor proporción se encuentra en las dos instituciones que funcionan en la ciudad de Paraná. Con realidades diversas e historias disímiles, los privados de la libertad eligen transitar su pena en función de sus necesidades, deseos y posibilidades, pensando en una futura reinserción en la sociedad.

El acceso a la educación –formal y no formal- se constituye en una de las herramientas más adecuadas como un puente para “conocer un camino más digno y humano para toda la vida. Además desarrolla en los internos la capacidad de autoestima y autonomía”, describe un informe del Departamento de Educación del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Se trata de un derecho que está contemplado en el artículo número 14 de la Constitución nacional y que se inscribe también en el artículo 133 de la Ley de Ejecución de Penas. Esta última norma, modificada en su capítulo VIII referido a Educación, por la Ley Nº 26.695, demanda la creación de ámbitos apropiados para la educación, fomentar convenios con instituciones públicas y privadas, construir nexos de comunicación con las escuelas Primaria y Secundaria en contexto de encierro, y promover las actividades que incrementen el contacto con el mundo exterior, entre otras acciones.

En todas las unidades penales de la provincia se brinda la posibilidad de acceder a la educación Primaria y Secundaria, que se garantiza a través de la articulación del SPER y la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE. En cambio, las Unidades Penales N°1 y N°6 de Paraná son las únicas que han desarrollado experiencias en el marco de la educación universitaria, a través de vínculos con la Facultad de Ciencia y Tecnología y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, ambas dependientes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Con la misma impronta se dictan cursos de formación profesional y de capacitación laboral. 

Alta participación

De acuerdo un informe del Departamento Educativo del SPER, con datos actualizados hasta abril de 2014, son 440 los internos que participan en las modalidades de educación formal y no formal. En siete de las unidades penales –la de Federal solamente cuenta con algunos talleres y la Unidad Penal Granja de Gualeguaychú recién está en proceso de formación- 180 alumnos se decidieron por comenzar la escuela Primaria, 224 la Secundaria y 36 (incluidas mujeres) los que participan de tutorías universitarias, entre las dos carreras que se pueden cursar en la capital provincial.

Por otro lado, un total de 676 internos se inclinaron por cursos de formación profesional y de capacitación laboral, pudiendo elegir entre los siguientes talleres: carpintería, peluquería, informática, panadería, elaboración de artesanías, marroquinería y electricidad domiciliaria. El sondeo realizado desde la repartición gubernamental arroja las siguientes estadísticas: 179 internos realizan cursos de formación profesional y laboral en la UP1 de Paraná. Le siguen 171 en la UP2 de Gualeguaychú y 152 en la UP3 de Concordia.

Esto indica que alrededor del 60% de la población está inserto en el sistema educativo, sin mencionar a aquellos que pueden participar de diversos espacios educativos de manera simultánea. Esta política comenzó a gestarse hace una década en el ámbito del SPER, dándole más impulso a la educación en las cárceles, “como parte del tratamiento de las personas privadas de la libertad. Se hace foco en lo que es el trabajo y la educación. Además existe un nuevo encuadre legal que garantiza el derecho a la educación de las personas que están privadas de la libertad. Una persona detenida está privada del derecho a deambular, el resto de los derechos el Estado los tiene que garantizar”, afirmó en diálogo con UNO Adelina Quartoni, responsable del Departamento de Educación del organismo. Si bien la decisión de implementar un proyecto de estas características obligó a un cambio de mentalidad en las autoridades carcelarias, al mismo tiempo logró una sintonía con los internos, que al principio no estaban muy convencidos de esta nueva manera de transitar su estadía en el encierro. “Estudiar y formarse no es obligatorio”, reflexionó Quartoni.

Con 15 años de servicio en el SPER cuenta que los habitantes de las cárceles “son gente pobre en todo sentido, de afectos y de inclusión social”. Respecto de su nivel de formación explica: “La mayoría de los detenidos tiene la Secundaria incompleta y en menor porcentaje la Primaria incompleta, entre ellos mucho jóvenes. Los analfabetos son las personas más grandes, divididos en puros y funcionales”. Los analfabetos puros son aquellos que nunca tuvieron contacto con la herramienta de la escritura y la lectura, y que en su mayoría provienen de ciudades del interior de la provincia y que han trabajado en zonas rurales. En cambio, los funcionales son aquellos que no conocen la herramienta de la tecnología, que nunca han tocado una computadora.

Interés multicausal

El disparador que despierta en el interno acceder a espacios educativos puede tener diferentes causas: algunos lo hacen para salir del encierro, otros para estar en contacto con otras personas, también para poder hablar en otro lenguaje que no sea el de la cárcel o porque quizás no lo pudieron hacer afuera. En este contexto, la modificación de la Ley Nº 24.460 por la Nº 26.695 incorporó un nuevo concepto referido al estímulo educativo. “No se reduce la pena, porque está fija, lo que sí va a haciendo es una reducción en los plazos para conseguir los beneficios. Por ejemplo, un interno que realiza un curso de formación de un año tiene una reducción de la pena de dos meses, el que estudia en la escuela Primaria tiene un mes de reducción y el que hace la Secundaria tiene dos”, detalló la profesora en Ciencias de la Educación.

El trayecto educativo dentro de las unidades penales se rige por un cronograma y la dinámica de cada una de ellas. Por lo general, casi todos días se realiza alguna actividad vinculada con un espacio educativo, aunque en cada caso depende de los recursos y también de la cantidad de internos. Suele ocurrir que las actividades funcionan en forma simultánea, atento a que la demanda es importante y a que los referentes educativos tienen la responsabilidad de dar respuesta a las demandas.

 Mujeres y trabajo comunitario

“Las mujeres tienen más interés en trabajar, en poder formarse en oficios y laborales, no tanto en lo que refiere a educación universitaria”, remarcó la profesional. En la Unidad Penal N°6 Concepción Arenal conviven 54 internas, algunas de ellas comparten los días tras las rejas con sus hijos. Su realidad es muy distinta al momento de ser detenida, porque buena parte de ellas son madres y lo “que les pasa es más angustiante”, definió Quartino. Entre los cursos más requeridos están los de cocina económica, diseño textil y cerámica. Para la directora del área “que haya cuatro estudiantes universitarias en una población de medio centenar de internas es mucho”. La definió como una población dinámica, en las que “todas trabajan, todas estudian y todas participan de los cursos de capacitación laboral extramuros”.

Una de las posibilidades que ofrece el sistema educativo carcelario comprende a los cursos externos, en algunos casos con custodia y otros sin custodia penitenciaria. “Hay 10 internos de la UP1 que circulan extra e intramuros, que cuentan con un permiso del juez pueden salir afuera a estudiar”, aseguró Quartoni. Para aquellos que se desempeñan en cursos de formación laboral solicitan un permiso al juez que lleva adelante la causa para concurrir a un determinado centro comunitario, o a alguna de las facultades de la Uader a rendir. “Tiene que estar penado, no importa la instancia de la pena que esté cumpliendo. En la mayoría de los casos van con custodia penitenciaria”, consignó la funcionaria.

Para lograr que el interno pueda acceder a este beneficio, que se repite en el resto de las unidades penales de la provincia, se trabaja en forma articulada entre el SPER y las instituciones -públicas y privadas- que firmaron convenio oportunamente. “A nosotros nos importa el resultado, pero también nos importa el proceso de la persona detenida y las opciones que tuvo la unidad penal para ofrecerle ese tratamiento. Nos damos cuenta de que es un trabajo que nosotros no podemos hacer solos”, reflexionó.

 Dinámica de trabajo

La educación universitaria es una propuesta que va creciendo en forma progresiva. Las dos facultades, de Ciencia y Tecnología y la de Artes y Humanidades, presentan una dinámica distinta de trabajo. “La primera dicta las clases de todas las materias, de acuerdo al avance del estudiantado. Y la modalidad de Humanidades contempla tutoría universitarias de las materias que son troncales”, dijo la coordinadora. Las mismas son tres y corresponde al 1º año, que se dictan dentro de las instituciones penales. Asimismo manifestó: “Hay un profesor tutor por carrera. Cada una de las facultades tiene una oferta académica de cinco carreras”.

Dentro de la Facultad de Ciencia y Tecnología, la carrera con mayor aceptación entre los internos es la de Analista de Sistema y el profesorado de Biología. Y después en Humanidades se encuentran las Tecnicaturas de la carrera de Psicología, que son Acompañante Terapéutico y Psicogerontología. Se informó que desde 2009 el SPER inició sus primeros contactos con el gremio de la Uocra formalizando las acciones en la implementación de cursos de construcción -albañilería y de revestimiento de cerámicos, destinados a la población de las unidades penales Nº 1 y Nº 6.

 El caso de Mirta Chávez

El nombre de Mirta Analía Chávez surgió durante la charla. Su figura cobró trascendencia a partir del caso de Fernanda Aguirre, desaparecida hace 10 años en San Benito. “A ella le hicieron una reducción de las fases de la pena interesante”, mencionó Quartoni. Ya en libertad la mujer se dedica a realizar un curso en un instituto de gastronomía. Dentro del penal de mujeres estudió Geografía e hizo cursos de cocina. “Acá no importan los nombres y apellidos, porque estamos estigmatizando. Lo importante es que son personas que dentro de una unidad penal han transitado la pena desde otro lugar, sea cual sea la motivación o el interés”, destacó en un tramo de su alocución.